El ocaso institucional de una fuerza política local
En acatamiento a una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, las autoridades electorales locales procedieron a revocar el reconocimiento oficial como instituto político a la organización asociada históricamente con sectores de la grey religiosa internacional. La determinación marca un punto de inflexión significativo en el mapa partidista de la entidad federativa.
Durante una sesión extraordinaria celebrada este fin de semana, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco votó de manera unánime para declarar improcedente la solicitud presentada por la agrupación civil promotora. Si bien la organización había cumplido en su momento con los requisitos formales de celebrar las asambleas constitutivas obligatorias y alcanzar el umbral de la afiliación mínima de militantes exigida por la ley, las pesquisas posteriores revelaron anomalías severas.
Los magistrados fundamentaron su fallo en diversas irregularidades financieras detectadas durante las auditorías minuciosas a los informes presentados para validar su personalidad jurídica, derrumbando de esta manera las aspiraciones de la plataforma de mantenerse activa dentro del sistema democrático estatal.
Implicaciones económicas y sanciones administrativas
Como consecuencia directa de la nulidad del estatus legal, quedaron sin efecto los reajustes presupuestales que se le habían otorgado previamente. Dado que la organización no llegó a recibir los fondos asignados que rondaban los 5 millones de pesos, las autoridades confirmaron que no existe un quebranto económico que deba ser devuelto al erario público, simplificando los trámites de liquidación.
Sin embargo, el organismo electoral procedió a notificar formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) para dar de baja definitiva las claves de acceso, los registros y las prerrogativas del extinto Partido Humanista. Omar Ernesto Andujo Bitar, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEPC, detalló durante la lectura del dictamen que quedan sin validez jurídica los nombramientos, los documentos normativos básicos y las prerrogativas de acceso a recursos.
Adicionalmente, se modificaron las sanciones económicas aplicadas al instituto por incurrir en diez conductas infractoras en materia de fiscalización. Las penalizaciones ascienden a un total de 92 mil 209 pesos, castigando faltas como aportaciones no comprobadas debidamente, recursos provenientes de personas impedidas por la ley para fondear campañas, ingresos ocultos, además de inconsistencias documentales y graves omisiones contables. Estos montos fueron recalculados tomando en cuenta la capacidad financiera real de la agrupación ciudadana.
Reacciones políticas y señalamientos de vínculos religiosos
La decisión desató celebraciones entre diversas fuerzas de oposición que desde el inicio cuestionaron la legalidad del aval otorgado a la organización. Erika Ruvalcaba Corral, representante del partido Morena ante el consejo electoral, externó su beneplácito por la corrección del proceso. “estamos contentos de que se corrija, porque, desde nuestro punto de vista, fue una indebida validación. Todo lo que se hizo en sesión, que, de hecho, yo comenté que se tenían que revisar todavía algunas cuestiones y no tuvo eco mi petición; hoy se está corrigiendo, y nos parece muy importante para la vida democrática de Jalisco”, declaró.
Por otro lado, la controversia ha estado acompañada desde sus orígenes por señalamientos sobre una supuesta influencia de ministros y fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo, cuya sede principal se ubica en el estado. Aunque la dirigente de la agrupación política, Vasti Zabdi Arana Cruz, ha rechazado tajantemente que el grupo religioso haya financiado sus actividades —defendiendo que su estructura contaba con simpatizantes distribuidos en 89 municipios—, los cuestionamientos nunca cesaron por parte de partidos como Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.
Ante este panorama adverso, la dirigencia del partido caído anticipó que recurrirá a las instancias federales mediante una apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscando revertir la sentencia antes de que arranquen formalmente las votaciones y se definan las candidaturas para los comicios locales.
