A pesar de optar por un perfil de bajo perfil y su conocida postura de no emitir declaraciones públicas, el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, conserva una notable influencia en la esfera política nacional. Este poder se sostiene gracias a la colocación estratégica de diversos operadores políticos formados bajo su tutela, los cuales han estado involucrados en múltiples señalamientos por presunto tráfico de influencias a lo largo de los años.
Antecedentes polémicos en el Instituto Electoral de Tabasco
Uno de los casos más representativos de esta red es el de Jorge Montaño Ventura, quien logró integrarse al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023. Su llegada a este órgano federal contó con el respaldo político de López Hernández cuando este último se desempeñaba como titular de la Secretaría de Gobernación.
La trayectoria de Montaño dentro del servicio electoral ha estado marcada por controversias previas, especialmente durante su paso como consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT). En aquella época, el organismo analizó la compra de un inmueble institucional, un proceso que derivó en la adquisición de una propiedad catalogada como una de las más caras, en deficientes condiciones físicas y con serias limitaciones logísticas.
La operación administrativa de esta compra, valorada en más de 32.6 millones de pesos, fue instrumentada y gestionada por Carlos Enrique Íñiguez Rosique, quien fungía como director de Administración del IEPCT y hoy ocupa el cargo de secretario general de Servicios Administrativos del Senado. Los trámites financieros de esta cuestionada transacción quedaron asentados en la escritura pública número 34,501, protocolizada en 2011 en una notaría de Villahermosa que en ese momento estaba a cargo de Adán Augusto López.
Asimismo, en dicha operación participó Carlos Manuel Merino Campos —actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y sucesor de López Hernández en la gubernatura tabasqueña—, quien actuó como representante legal de la parte vendedora.
Procesos legales y amparos judiciales
Ante la presión política generada por el escándalo inmobiliario, la Contraloría interna del instituto local inició procedimientos administrativos bajo los expedientes CG/PA/003/2012 y su acumulado, determinando que los funcionarios involucrados incurrieron en negligencia y proponiendo su inhabilitación. Posteriormente, el Órgano Superior de Fiscalización estatal presentó una denuncia formal que derivó en órdenes de aprehensión.
Pese a las acusaciones por el delito de ejercicio indebido del servicio público y a la declaración de procedencia aprobada por el Congreso local para separarlo de su cargo como magistrado del Tribunal Electoral estatal, Montaño logró librar las sanciones definitivas gracias a un amparo otorgado por un Juez de Distrito. Tras su reincorporación y la conclusión de dicha gestión, se sumó a la Fiscalía de Delitos Electorales durante la administración estatal de López Hernández.
Expansión de la red en el INE y órganos locales
La influencia del grupo político se ha consolidado tanto en las oficinas centrales del INE como en los institutos locales mediante la designación de perfiles afines. En el ámbito estatal, se documentó la intervención en el nombramiento de consejeras y funcionarios administrativos clave, así como la integración de familiares directos en puestos técnicos de fiscalización, respaldados por consejeros afines al grupo.
En el plano federal, dentro de las oficinas del INE, Jorge Montaño se ha rodeado de colaboradores cercanos originarios de Tabasco, colocando a operadores de su absoluta confianza en áreas estratégicas como la Unidad Técnica de Fiscalización, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Servicios Legales.
La fuerza de esta estructura al interior de los órganos electorales se ha reflejado en recientes movimientos institucionales, donde la presión coordinada de consejeros afines ha derivado en la salida de funcionarios de mandos medios y superiores, abriendo paso a la disputa por el control administrativo de cara a los próximos procesos electorales en la entidad.
