Reactivan operativos contra la falsificación de mercancías en México de cara a la revisión del tratado comercial

Reactivan operativos contra la falsificación de mercancías en México de cara a la revisión del tratado comercial

Como un movimiento estratégico previo a la revisión del tratado comercial de Norteamérica, el Estado mexicano ha retomado con fuerza las acciones de inspección y decomiso en los principales centros comerciales del territorio nacional. Tras un periodo de inactividad que se prolongó por más de seis años, las acciones se relanzaron con la llegada de Santiago Nieto a la dirección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en enero de 2025, un esfuerzo que ha mantenido su continuidad bajo la actual gestión de Vidal Llerenas en todos los sectores afectados por la comercialización ilegal.

De acuerdo con los balances recientes, el volumen de mercancía ilegal incautada durante estos casi dos años de labores supera con creces los registros de administraciones pasadas, superando etapas donde se presumía un combate frontal contra este flagelo económico.

Coordinación interinstitucional y resultados operativos

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva fase es la sólida articulación entre diferentes dependencias del gobierno federal. Bajo la directriz del IMPI, los operativos cuentan con el respaldo técnico de la Fiscalía General de la República y el despliegue logístico de la Secretaría de Marina.

No obstante, la estrategia no se limita a estas tres instituciones. Dependiendo de la naturaleza de cada intervención, organismos como el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de la Defensa Nacional desempeñan funciones estratégicas dentro del esquema operativo.

Los retos pendientes: más allá de los decomisos en vía pública

A pesar de los avances logrados en el ámbito visible del problema, la estrategia nacional requiere dar un salto cualitativo hacia áreas que históricamente han permanecido fuera del alcance de la ley. La localización, incautación y posterior destrucción de artículos apócrifos representan únicamente la superficie de una compleja red delictiva que, en muchos casos, opera desde el extranjero o se sostiene mediante células del crimen organizado.

Para desmantelar por completo estas estructuras de mercado negro, los especialistas señalan la necesidad apremiante de intervenir en tres frentes fundamentales que hasta ahora han recibido poca atención.

1. Desarticulación financiera

El primer frente exige un análisis minucioso para rastrear y cortar los flujos de capital que sustentan tanto la producción y distribución como la nómina de las redes de falsificación, además de seguir el rastro de las millonarias ganancias obtenidas. Durante décadas, el sistema financiero mexicano ha carecido de reportes sobre el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a la piratería, así como de esquemas sólidos de cooperación internacional orientados a este fin.

2. Sanciones penales reales contra los líderes

En segundo lugar, resulta indispensable lograr sentencias condenatorias con penas privativas de la libertad para los verdaderos cabecillas de estas organizaciones. Actualmente, las leyes contemplan castigos severos, pero la falta de condenas efectivas reduce su impacto disuasivo. Las estructuras criminales suelen utilizar a personas en situaciones de vulnerabilidad para operar bodegas y puntos de venta, protegiendo a los verdaderos líderes del negocio ilícito.

3. Fortalecimiento de las aduanas nacionales

La tercera vertiente corresponde a la modernización y optimización de los sistemas de supervisión en la Administración Nacional de Aduanas de México. Resulta inadmisible para un programa integral que las autoridades fiscalizadoras tengan acceso visual a cargamentos completos de productos ilegales y permitan su ingreso al país.

Más allá de las pérdidas económicas y la competencia desleal, el impacto más profundo de este fenómeno se refleja en la gradual erosión del estado de derecho, visible en las calles de las ciudades mexicanas abarrotadas de mercancía ilegal.

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