A raíz del devastador movimiento telúrico registrado en 2017, la capital del país mantiene un monitoreo constante sobre la seguridad física de sus construcciones. Diversas alcaldías concentran la mayor cantidad de reportes por vulnerabilidad estructural, aunque las demarcaciones con más expedientes abiertos no necesariamente coinciden con aquellas que poseen el mayor volumen de edificaciones en estado crítico.
Radiografía de los dictámenes estructurales acumulados
Datos obtenidos a través de solicitudes de transparencia revelan que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) avaló dictámenes para 6,539 inmuebles entre 2017 y septiembre de 2026. Del total de revisiones técnicas, 221 edificaciones fueron catalogadas con alto riesgo de colapso, 927 alcanzaron la categoría de riesgo alto, 2,809 quedaron en nivel medio y 2,582 obtuvieron una clasificación de riesgo bajo.
El desglose territorial muestra que Iztapalapa encabeza el registro general con 1,218 inmuebles repartidos entre las cuatro categorías. No obstante, en el extremo más preocupante de la lista, la alcaldía Cuauhtémoc lidera con 66 edificaciones clasificadas con alto riesgo de colapso, siendo la cifra más elevada en este rubro.
Adicionalmente, zonas como Cuajimalpa de Morelos, Benito Juárez y Álvaro Obregón figuran con una presencia notable de inmuebles dentro de los parámetros más severos de vulnerabilidad. Pese a la magnitud de estas estadísticas oficiales, las autoridades locales no especificaron cuántos edificios fueron demolidos o rehabilitados tras las inspecciones iniciales, lo que impide asegurar que la totalidad de los inmuebles mantenga el estatus de peligro original.
Protocolos de revisión y contexto geológico
La vulnerabilidad de la metrópoli está estrechamente ligada a su entorno geográfico. El ISC subraya que la capital tiene un elevado peligro sísmico por las características de su subsuelo, un factor determinante debido a la naturaleza blanda de los terrenos que conformaban el antiguo vaso lacustre.
El protocolo de actuación inicia habitualmente cuando el personal de Protección Civil detecta anomalías severas y solicita formalmente una intervención especializada. Dicha inspección abarca componentes internos y externos, integrando registros fotográficos, antecedentes técnicos, evaluación de cimentaciones, materiales, hundimientos, inclinaciones y el nivel de mantenimiento del inmueble.
Los lineamientos oficiales estipulan que cada dictamen técnico debe arrojar conclusiones claras sobre la estabilidad del sitio, además de emitir recomendaciones obligatorias para los propietarios o administradores. Para hacer frente a esta problemática, la administración pública implementó el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, mientras que los organismos de reconstrucción reportan avances significativos en viviendas rehabilitadas, apoyos de renta y estudios especializados.
