Estrategia integral ante la crisis habitacional
Tras la emergencia desatada por el movimiento telúrico registrado el pasado 10 de agosto en territorio colombiano, que afectó profundamente a 15 departamentos, la Cámara Colombiana de la Construcción ha puesto sobre la mesa una serie de iniciativas urgentes. El gremio sostiene que las políticas habitacionales ordinarias resultan insuficientes para mitigar la magnitud de esta catástrofe, por lo que urge la implementación de un marco normativo extraordinario que facilite la recuperación de las zonas siniestradas.
La propuesta principal gira en torno a la creación de esquemas eficientes para el suministro de elementos de obra, replicando metodologías que ya han demostrado su eficacia a nivel local. Específicamente, se contempla el desarrollo de una red de acopio de suministros con alcance nacional y ramificaciones territoriales, tomando como inspiración el modelo digital implementado por la Empresa de Vivienda de Antioquia a través de su plataforma virtual de gestión transparente.
“Los bancos de materiales hacen parte de la propuesta del Gobierno Nacional”, explicó Guillermo Herrera, presidente de Camacol, quien detalló que este gremio ha trabajado en el diseño de esta iniciativa tomando como referencia el esquema Viva, que calificó como “el único banco de tierras que muestra una experiencia exitosa en el país”. Esta alternativa busca optimizar la distribución de insumos destinados tanto al desarrollo social como a la atención prioritaria de contingencias.
Incentivos fiscales y alivios tributarios
Para hacer viable la intervención en los territorios impactados, donde se calcula que más de 170.000 inmuebles sufrieron daños y más de 30.000 edificaciones deben ser levantadas nuevamente, los líderes gremiales recalcan la necesidad de incorporar estímulos económicos directos para la cadena de suministro.
Herrera fue enfático en que el mecanismo debe complementarse con incentivos tributarios que estimulen la oferta de insumos, tales como “la devolución de IVA en materiales o incluso la extensión temporal de IVA para todos los materiales de construcción” indispensables para la ejecución de las obras. Estas medidas buscan aliviar la carga financiera tanto de los desarrolladores como de las familias damnificadas.
Asimismo, se ha planteado que este régimen excepcional no se restrinja exclusivamente a los sectores poblacionales más vulnerables, sino que extienda su cobertura hacia la clase media de urbes altamente golpeadas por el movimiento telúrico, entre las que destacan Cali, Pereira y Manizales. Esto implicaría remover barreras normativas restrictivas, tales como “la prohibición de otorgarle un segundo subsidio a los hogares que ya hubieran sido beneficiarios”.
Panorama crítico del sector constructor
Estas exigencias se introducen en un contexto económico complejo para la industria edificadora nacional. De acuerdo con el diagnóstico presentado por las agremiaciones, la actividad muestra signos de contracción reflejados en que menos de 110.000 unidades residenciales iniciaron obras en el transcurso de los últimos doce meses.
Adicionalmente, las estadísticas revelan que 418 empresas cesaron sus operaciones en el rubro habitacional entre los años 2022 y 2026, mientras que el 51% de las compañías constructoras de proyectos residenciales opera actualmente con márgenes de utilidad netos inferiores al 2,5%. A pesar de este panorama de vulnerabilidad, el gremio considera que las labores de levantamiento y restauración representan una oportunidad crucial para dinamizar la economía regional.
Respecto a los métodos de ejecución, el dirigente fijó una postura clara sobre los procesos de edificación informal. “Personalmente no soy partidario de los procesos de autoconstrucción”, señaló, al argumentar que “la autoconstrucción no supervisada es el peor enemigo de nuestra misma resistencia”. No obstante, admitió que en ciertas zonas con dinámicas culturales específicas, como el departamento de Chocó y comunidades con titularidad colectiva, dichos procedimientos podrían admitirse de manera excepcional siempre y cuando cuenten con acompañamiento técnico riguroso que asegure el cumplimiento de los estándares sismorresistentes.
