El gobierno de Ecuador ha puesto en marcha un nuevo periodo de restricciones a la movilidad nocturna que abarca a cuatro provincias durante un lapso de 15 días. Esta medida restrictiva representa la tercera ocasión en lo que va del año en que las autoridades recurren a este tipo de herramientas extraordinarias para intentar contener el embate del crimen organizado, un fenómeno que mantiene al país sudamericano bajo una fuerte presión de seguridad a pesar de la reiterada intervención estatal.
Especialistas en la materia advierten que estas acciones de carácter restrictivo generan un impacto sumamente limitado en la estructura de las organizaciones delictivas. Según explicó la consultora política en seguridad pública de Estado, Katherine Herrera, las medidas de carácter excepcional no garantizan una disminución permanente en las tasas de criminalidad.
“Temporalmente puede haber una baja que te sirve para que las Fuerzas Armadas o las autoridades de seguridad y control puedan realizar otras acciones, pero eso no es una solución sostenible y que afecta realmente al crimen organizado, pero, sobre todo, que te ayude a bajar los homicidios”, detalló la experta en declaraciones ofrecidas a la agencia EFE.
La estrategia de seguridad del presidente Daniel Noboa
Desde que el jefe de Estado, Daniel Noboa, asumió la administración y adoptó una postura frontal frente a las estructuras delictivas, los estados de excepción se han convertido en un recurso recurrente para limitar derechos ciudadanos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones privadas.
En el mes de enero de 2024, la administración central declaró formalmente un conflicto armado interno y catalogó a las facciones criminales como agrupaciones terroristas. Aunque inicialmente se observó una contracción en los indicadores de violencia, el año 2025 cerró con un preocupante récord de 9,283 asesinatos, demostrando que las acciones de fuerza aisladas no lograban desarticular por completo el accionar de las mafias.
Ante la persistencia de los índices delictivos durante los primeros meses de 2026, la presidencia firmó decretos similares en los meses de marzo, mayo y recientemente en septiembre, focalizando las restricciones principalmente en las regiones costeras, las cuales concentran las rutas logísticas del narcotráfico.
Despliegue operativo y resultados efímeros
Durante las horas en que se encuentra activo el toque de queda, fijado de 00:00 a 05:00 hora local, elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas intensifican los patrullajes y ejecutan operativos de registro en puntos considerados de alta peligrosidad. No obstante, las estadísticas oficiales reflejan que un porcentaje significativo de las aprehensiones corresponde a ciudadanos que incumplen la restricción de movilidad en lugar de cabecillas de alto perfil.
De acuerdo con el análisis de Herrera, la presión militar suele provocar que las células delictivas se desplacen hacia otras zonas geográficas o que retomen sus actividades ilícitas de manera inmediata una vez concluida la vigencia de los decretos de excepción.
Los registros del Ministerio del Interior respaldan esta lectura. Tras la aplicación de un toque de queda en mayo que cobijó a nueve provincias y cuatro municipios, los homicidios registraron una leve baja al pasar de 697 a 693 en junio, pero repuntaron nuevamente hasta alcanzar los 704 casos en julio, cifras que superan los registros del mismo periodo del año anterior.
La necesidad de una transformación integral
Para la académica universitaria, el uso de restricciones a la movilidad debe formar parte de un engranaje mucho más robusto que incluya inteligencia financiera, modernización del sistema penitenciario, control riguroso de armamento y una efectiva presencia estatal en los territorios vulnerables.
“Si no hay eso básicamente vamos a seguir como el gato y el ratón”, aseveró la especialista en seguridad pública.
Asimismo, enfatizó que la reducción sostenida de la violencia requiere un enfoque estructural que ataque las raíces del problema: “Los homicidios van a reducirse siempre y cuando tú desarticules la estructura criminal, atiendas las necesidades que tiene la ciudadanía, fortalezcas mucho más la presencia del Estado de forma eficiente y eficaz, y garantices el cumplimiento de la pena. Para acabar con el crimen organizado, también hay que combatir impunidad y corrupción”.
Finalmente, la consultora señaló que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por mostrar firmeza en las calles, gran parte de las iniciativas anunciadas se han quedado en el terreno de las intenciones, advirtiendo que las autoridades están generando una estrategia de carácter meramente táctico sin consolidar una visión de largo plazo.
