Secretaría de Hacienda descarta indagatorias financieras
Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador, aclaró de manera categórica que la institución a su cargo no mantiene abiertas indagatorias vinculadas con los presuntos manejos comerciales atribuidos a personas del círculo cercano de Andrés Manuel López Beltrán.
El funcionario federal detalló ante los legisladores que la dependencia actúa estrictamente como un organismo de apoyo técnico y pericial para los tribunales y las instancias de procuración de justicia. En este sentido, puntualizó que la actuación del organismo se rige por los lineamientos y requerimientos oficiales que dictan las autoridades ministeriales correspondientes. No existe en este momento investigaciones en ese sentido por parte de la Fiscalía, sostuvo de forma textual el secretario durante su intervención legislativa este martes 6 de octubre.
Señalamientos de la oposición en el Senado
Las declaraciones del responsable de las finanzas públicas se originaron tras los cuestionamientos formulados por la legisladora panista Mayuli Martínez Simón, quien ocupa la vicecoordinación de su bancada. La representante parlamentaria interrogó directamente al funcionario acerca de las posibles pesquisas contra la red de colaboradores y allegados al político, a quienes señaló de participar supuestamente en operaciones irregulares relacionadas con el contrabando de combustibles y la asignación ventajosa de convenios con la administración pública.
Durante su intervención en la tribuna, la senadora enumeró una serie de nombres y presuntos vínculos que habrían operado diversos negocios al amparo del poder político. Entre los señalados destacó a Amílcar Olán, a quien identificó como operador financiero en la adquisición de suministros médicos para el extinto Instituto de Salud para el Bienestar, así como en la proveeduría de materiales pétreos para la construcción del Tren Maya y en actividades de comercio ilícito de energéticos, acumulando convenios comerciales que ascienden hasta los 33 mil 500 millones de pesos.
Asimismo, la legisladora mencionó a Alex Tonatiuh Márquez, exfuncionario del sistema aduanero, y a Daniel Asaf, señalados por posibles conductas de tráfico de influencias y afectaciones al erario cuyos montos definitivos continúan bajo proceso de determinación institucional. En la lista también figuraron los nombres de Javier Núñez López, vinculado con la autorización de convenios financieros por un monto estimado en 15 mil millones de pesos, además de Luis Alberto Olán y Ricardo Pacheco, este último señalado como presunto testaferro encargado de facilitar propiedades inmuebles en destinos turísticos.
Indagatorias internacionales y postura oficial
El debate político en torno a estas acusaciones ocurre de manera paralela a los señalamientos difundidos por el diario estadounidense The New York Times, medio que indicó, con base en testimonios de personas con conocimiento directo del asunto, que un par de agencias del gobierno de Estados Unidos han examinado presuntos vínculos con actividades de contrabando de combustible y delincuencia organizada, aunque se reconoció que no se han iniciado procesos formales en contra del hijo del exmandatario federal.
Frente a estas publicaciones periodísticas, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el rigor y la intencionalidad de los reportes informativos difundidos desde el extranjero. La mandataria reiteró que hasta el momento no cuenta con información oficial que confirme la existencia de carpetas de investigación activas en la Fiscalía General de la República contra Andrés Manuel López Beltrán, criticando que los señalamientos internacionales se basen en especulaciones sin sustento jurídico comprobado.
En el plano político nacional, el señalamiento de la oposición coincide con el registro formal de Andrés Manuel López Beltrán dentro del proceso interno del partido Morena para postularse como aspirante a una diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco de cara a los comicios intermedios programados para el año 2027, un cargo de elección popular que, de concretarse, le otorgaría inmunidad procesal constitucional.
