Una de las prerrogativas que ofrece la ciudadanía mexicana conforme a lo dispuesto por el artículo 35 constitucional —quizá la más importante desde el punto de vista social para la conformación de una vida democrática— es la de participar en los procesos de elección de nuestros gobernantes, ya sea de manera activa o en modo pasivo; es decir, votando o siendo votado.
El deterioro que ha sufrido el INE con motivo de las acusaciones planteadas en las últimas semanas contra su expresidenta, Guadalupe Taddei, ha puesto en entredicho la continuidad de la importante labor que el instituto ha realizado, a lo largo de las últimas décadas, en la construcción de la democracia mexicana.
A los problemas de corrupción y control que los partidos políticos puedan llegar a tener sobre el órgano ciudadano ha de añadirse otro que se gesta y que, salvo por las experiencias que se viven en otras latitudes, podría pasar desapercibido.
Desde el 9 de noviembre pasado se informa de la llegada a Tapachula de una tercera caravana de migrantes centroamericanos, con el propósito de cruzar el territorio nacional e ingresar a los Estados Unidos, con la esperanza de un cambio en la política de Washington tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
Se trataría de más de mil personas que difícilmente podrían llegar a suelo estadounidense, pero que sí han sido acogidas por la administración de Claudia Sheinbaum.
Tan pronto como el presidente Trump amenazó con incrementar los aranceles que los importadores de productos mexicanos deberían pagar por comercializarlos en ese mercado, la presidenta aclaró que los migrantes no llegarán a EU y que serán repatriados o, sujetos a ciertas condiciones, podrán quedarse en México.
Es este último punto el que llama la atención. Esa migración por goteo, que durante muchos años logró atravesar el filtro migratorio de nuestra frontera norte, hoy podría muy bien haber elegido permanecer en nuestro país… y vemos todos los días que así es.
Sin que pueda haber comparación alguna con lo sucedido en Ceuta el pasado mes de julio, no debe pasarse por alto que el control de la frontera sur de nuestro país es mucho más endeble que cualquiera de los que tiene la Unión Europea hacia el exterior.
La entrada paulatina y sostenida de extranjeros ha dado lugar a un crecimiento descontrolado del fenómeno migratorio, que ha dejado de ser de tránsito para convertirse en una forma de permanencia.
En Europa, y muy concretamente en España, está por celebrarse un proceso electoral de profunda trascendencia para la conservación de su régimen democrático: las elecciones generales del 29 de noviembre.
Uno de los temas que se analizan tiene que ver con la naturalización de cientos de miles de extranjeros con ascendientes hispanos y con la situación de los inmigrantes ingresados por motivos humanitarios.
La apertura de las fronteras españolas y la naturalización del inmigrante provocan un desequilibrio electoral que puede ser sumamente peligroso para los españoles originales, es decir, los que enfrentan los problemas económicos que sufre la península, los desajustes sociales y descalabros de gobierno que les legan la administración de Pedro Sánchez y el PSOE —y sus aliados—.
La existencia de un abultado Estado de bienestar, en el que el gobierno asume un papel tutelar frente a las personas en situación de vulnerabilidad y les ofrece refugio, servicios médicos, escuelas y una renta, constituye un aliciente para que millones de pobladores de África, el continente más subdesarrollado del planeta, decidan emprender la arriesgada travesía hacia el norte.
México sigue un patrón similar en la conducción de sus políticas de asistencia social, tanto para los mexicanos por nacimiento como para los mexicanos por naturalización.
El peligro ya no estriba solamente en el contundente fracaso económico del modelo, por el que el paquete económico del año entrante asume un endeudamiento que, sumado al ya acumulado, arroja una presión sin precedente sobre las finanzas públicas, sino que ahora trasciende también al terreno electoral.
Aunque el número de solicitudes de credencial de personas naturalizadas se mantiene en márgenes relativamente bajos en relación con el padrón electoral, destaca que, de concretarse y concederse éstas, las presentadas desde enero de 2025 hasta agosto de 2026 equivaldrían a cerca de cinco veces las credenciales expedidas para las elecciones de 2023-2024.
En el fondo, lo que importa es entender que el momento que atraviesa la relación comercial entre México y su principal socio comercial, los Estados Unidos de América, es delicado.
Añadir el componente migratorio en este momento resulta desafortunado y peligroso para los intereses del país.
Por otro lado, ante los cuestionamientos que, con toda lógica y fundamento, se elevan contra el árbitro electoral, vigilar lo que pueda suceder con el padrón, por la amenaza que puede significar un crecimiento artificial de votantes, resulta una llamada de atención natural.
A largo plazo, de cualquier manera, entender los problemas que una política socialdemócrata exagerada puede engendrar para el país, como lo viven hoy las economías más avanzadas de Europa, constituye una referencia que debe obligarnos a meditar.
Se trata de encontrar la salida política y diplomáticamente más prudente, que permita retomar un desarrollo más equilibrado y liberal, en el que se favorezcan el emprendimiento, la inversión y el desarrollo, se reserve la asistencia para toda persona en situación de vulnerabilidad extrema y se olvide todo apoyo universal.


