Un proceso judicial estancado tras más de dos décadas de detención
Tras cumplirse más de dos décadas desde que el gobierno estadounidense confinó a Khalid Sheikh Mohammed en una instalación militar en territorio cubano, el individuo señalado como la mente maestra detrás de los atentados del 11 de septiembre continúa muy lejos de enfrentar un proceso judicial definitivo. Pese a que un magistrado fijó recientemente el 5 de junio de 2028 como el momento procesal para el inicio del juicio contra él y otros tres imputados, diversos especialistas legales dudan profundamente de que dicho escenario llegue a materializarse.
El entramado jurídico actual es el resultado directo de los abusos físicos cometidos contra el acusado tras su detención en territorio pakistaní durante el año 2003. Los expertos sostienen que la complejidad de estas violaciones procesales ha creado un obstáculo prácticamente imposible de resolver dentro del sistema judicial estadounidense.
En el pasado existió una breve ventana de oportunidad para procesarlo mediante un tribunal civil en la ciudad de Nueva York, pero la iniciativa se desvaneció rápidamente debido a intensas objeciones vinculadas con la seguridad pública. Posteriormente, se intentó pactar un acuerdo de culpabilidad que garantizaba cadena perpetua a cambio de descartar la pena capital; sin embargo, dicho entendimiento comenzó a fracturarse poco después de su revelación pública en 2024 y fue anulado de forma definitiva el año pasado.
“Todo está contaminado por la política y la falta de rendición de cuentas por la tortura”, afirmó Joshua Dratel, un abogado que ayudó a garantizar que Mohammed tenga una representación legal adecuada.
El impacto de la tortura en la validez de las pruebas
A finales del mes de agosto, el juez militar a cargo del caso determinó que los fiscales federales están imposibilitados para presentar ante el tribunal una presunta confesión emitida por el detenido ante agentes del Buró Federal de Investigaciones en 2007. La decisión judicial se fundamentó en que dichas declaraciones fueron recabadas después de someter al prisionero a metodologías extremas de coerción en instalaciones clandestinas en el extranjero, tales como la simulación de ahogamiento o waterboarding.
A pesar del revés procesal que esto significó para la fiscalía, la administración norteamericana optó por no interponer recursos de apelación, consciente de que un movimiento de esa naturaleza habría prolongado todavía más la espera por un veredicto. Desde el 5 de septiembre de 2006, Mohammed permanece recluido en la base naval de la bahía de Guantánamo, sitio al que arribó tras transitar por centros de reclusión secretos operados por agencias de inteligencia durante más de tres años.
La postura de los familiares de las víctimas ante la falta de resolución
Terry Strada, cuyo cónyuge perdió la vida en el World Trade Center el 11 de septiembre, expresó que tanto ella como otros deudos continúan exigiendo una resolución definitiva en los tribunales. “De verdad queremos ver que esto llegue a su fin en algún momento. Queremos ver que se haga justicia. Es igual de importante que hace 25 años”, manifestó la representante.
No obstante, Strada, quien encabeza la organización 9/11 Families United, reconoció que preferiría ver al acusado confinado de por vida en Guantánamo antes de avalar cualquier alternativa que elimine por completo la pena capital. Su principal temor radica en la posibilidad de que futuras administraciones gubernamentales decidan utilizar al prisionero como moneda de cambio para liberar a ciudadanos estadounidenses cautivos en el extranjero.
La pena de muerte, expresó, “se ajusta al crimen y evitaría que eso ocurriera alguna vez. Y eso es importante para mí”. El historial del detenido incluye su captura en Pakistán en 2003 bajo la acusación de estructurar los ataques aéreos en su calidad de alto mando de la red Al Qaeda. Investigaciones del Senado estadounidense documentaron que fue sometido a 183 sesiones de waterboarding bajo la custodia directa de la Agencia Central de Inteligencia.
El antecedente fallido del juicio en Nueva York
Durante el año 2009, la posibilidad de trasladar el caso a suelo neoyorquino cobró fuerza cuando el entonces fiscal general Eric Holder anunció la intención de enjuiciar a Mohammed y a otros cuatro implicados en un recinto judicial ubicado en Manhattan, a corta distancia de la zona cero.
En aquel momento, el presidente Barack Obama, quien buscaba el cierre definitivo del penal de Guantánamo, aseguró que los acusados se medirían ante los estándares más estrictos de la ley. Sin embargo, la reacción contraria no se hizo esperar. Diversos sectores advirtieron que el acusado aprovecharía los estrados para propagar discursos extremistas, mientras que otros alertaron sobre el riesgo de convertir de nuevo a Nueva York en un objetivo terrorista.
Rudy Giuliani, exalcalde de la metrópoli norteamericana, descalificó el proyecto en su momento al considerarlo una acción imprudente que ignoraba por completo la seguridad y los derechos de la ciudadanía.
