Inhuman 117 cuerpos sin identificar en Ciudad Juárez bajo la promesa de una sepultura temporal
La crisis humanitaria y forense que azota a la zona fronteriza del norte de México sumó un nuevo capítulo con el depósito bajo tierra de 117 restos humanos que carecían de identidad o reclamación por parte de sus seres queridos. Esta reciente acción forma parte de un acumulado de 560 personas que han recibido este tratamiento institucional en el transcurso de la actual administración gubernamental en el estado de Chihuahua.
Los expedientes de estos fallecidos abarcan un arco temporal que va aproximadamente desde 2019 hasta 2025. Aunque los restos han sido colocados en gavetas individuales para garantizar su trazabilidad, los expertos forenses insisten en catalogar este procedimiento como un punto de tránsito y no como una solución definitiva, ya que el propósito central sigue siendo el esclarecimiento de su identidad para su posterior restitución social y familiar.
Protocolos sanitarios y resguardo pericial
Héctor Manuel Jacob Hernández, perito coordinador de Ciencias Forenses de Servicios Periciales en la Zona Norte, detalló los motivos detrás de esta medida en declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, subrayando que antes de proceder al sepelio se ejecutan todos los dictámenes científicos indispensables para salvaguardar la información genética y antropológica.
“Se toma la decisión de inhumar primeramente por cuestiones de salud y para evitar los hacinamientos no necesarios”, señaló el experto al justificar el desalojo parcial de las morgues locales.
El funcionario aclaró que el traslado al camposanto se autoriza exclusivamente cuando concluyen las evaluaciones postmortem y se avanza de manera sustancial en las carpetas ministeriales abiertas para cada caso.
El factor migratorio y la saturación institucional
La alta incidencia de cuerpos no reclamados pone de relieve la compleja dinámica social de Ciudad Juárez, un territorio caracterizado por un flujo constante de población flotante. De acuerdo con las valoraciones del perito coordinador, entre los individuos que permanecen sin reconocerse figuran potencialmente migrantes internacionales o connacionales originarios de diversas entidades federativas de la república.
Esta tanda de inhumaciones individuales también representa un alivio operativo urgente para mitigar la saturación crítica que sufren los depósitos forenses municipales. Asimismo, se explicó que durante el año 2025 el ritmo habitual de estos procesos se vio interrumpido debido a que los recursos operativos se redirigieron de manera prioritaria a las indagatorias del caso vinculado con el crematorio Plenitud.
La esperanza permanente de la identificación
A pesar de que los cuerpos son colocados en tumbas debidamente registradas y señalizadas, la investigación judicial continúa abierta de manera indefinida. Esto significa que la tecnología genética y los avances en materia de identificación humana podrían permitir, incluso al cabo de los años, poner fin a la incertidumbre de los deudos.
“El que los traigamos aquí es una manera digna de ser tratados, darles un destino temporal, si no es el final, porque el final es con las familias”, afirmó Jacob Hernández al recalcar la filosofía humanista que debe regir la labor pericial.
El tiempo que transcurre desde el ingreso de un cadáver a las instalaciones forenses hasta su traslado al cementerio es variable, pues depende estrictamente de la complejidad y el dinamismo de cada indagatoria ministerial.
El colapso institucional y la presión sobre los servicios forenses en la región fronteriza se agudizaron drásticamente en junio de 2025, fecha en la que las autoridades descubrieron más de 700 cuerpos acumulados sin incinerar en el interior del crematorio Plenitud, a pesar de que los familiares habían cubierto los costos correspondientes por dichos servicios funerarios. Aquel escándalo dejó al descubierto graves omisiones en la fiscalización comercial y sanitaria, complicando aún más la crisis humanitaria en la impartición de justicia y el trato digno a los difuntos en la zona.
