El dilema fiscal entre la recaudación y el crecimiento económico
El pasado 8 de septiembre se introdujo una de las iniciativas para modificar el Impuesto sobre la Renta más estrictas de los últimos años. Con el argumento central de combatir las operaciones simuladas y frenar la evasión fiscal, el proyecto plantea limitaciones severas a deducciones, intereses y pérdidas fiscales. Si estas medidas se aprueban en los términos actuales, la estructura tributaria del sector empresarial podría experimentar transformaciones profundas.
Nadie discute la legitimidad y urgencia de frenar las prácticas ilegales que erosionan los ingresos públicos y perjudican a los contribuyentes cumplidos. El problema radica en determinar si las herramientas planteadas logran atacar exclusivamente el abuso o si terminan afectando la actividad económica legítima. La exposición de motivos de la propuesta deja ver un doble propósito: frenar a las empresas factureras y robustecer las finanzas estatales para atender la inversión pública y los compromisos sociales. Esto evidencia que el proyecto no responde únicamente a una lógica antiabuso, sino también a una clara vocación recaudatoria.
El riesgo de penalizar actividades económicas legítimas
Uno de los puntos más debatidos es la correlación que establece la autoridad entre los altos niveles de deducciones y la presencia de riesgos fiscales. Sin embargo, asumir que un gasto elevado equivale a una práctica irregular resulta riesgoso. Sectores como el inmobiliario, la manufactura, la tecnología y la infraestructura exigen inversiones cuantiosas y procesos de maduración prolongados donde las deducciones y las pérdidas fiscales forman parte de la operación natural.
Para 2027, el gobierno proyecta un crecimiento económico moderado de entre 1.5% y 2.5%, acompañado de un déficit fiscal equivalente a 3.9% del PIB y una deuda pública cercana al 55% del producto interno bruto. Ante este escenario, la necesidad de captar más recursos es comprensible, pero las restricciones generalizadas amenazan con desvirtuar el concepto del ISR como un impuesto diseñado para gravar la renta neta real.
Efectos acumulados y competitividad frente al nearshoring
La acumulación de restricciones normativas genera un panorama complejo para las compañías. A las limitaciones existentes se suman trabas en los pagos al extranjero y la reducción en los margenes de deducción de intereses financieros. Cuando una firma debe enterar retenciones antes de concretar pagos o enfrenta restricciones simultáneas en varios flujos, la base fiscal resultante puede superar con facilidad su utilidad económica real.
Esta situación choca directamente con los esfuerzos del país por atraer capitales mediante el nearshoring y los nuevos polos de desarrollo. Los inversionistas no evalúan únicamente las tasas impositivas nominales, sino también la certidumbre jurídica, la predictibilidad regulatoria y la posibilidad de recuperar sus inversiones a largo plazo. Una recaudación agresiva a corto plazo podría disminuir la rentabilidad de proyectos estratégicos y desalentar la llegada de nuevos capitales.
En conclusión, la discusión principal no se centra en la conveniencia de captar más recursos para el Estado, sino en la capacidad de hacerlo sin comprometer la inversión que México requiere para expandir su economía. Una estrategia fiscal verdaderamente exitosa debe equilibrar las necesidades presupuestales del presente con la preservación de los incentivos necesarios para generar empleo y asegurar la prosperidad futura.
Nota: Este artículo se desarrolló con base en la propuesta de reforma presentada el 8 de septiembre de 2026 dentro del Paquete Económico. Se recomienda dar seguimiento al debate legislativo para conocer los ajustes previos a su votación.
