Hacienda va contra la elusión fiscal: busca que el 90 por ciento de las empresas paguen impuestos justos
El gobierno federal prepara una profunda transformación en la fiscalización del país rumbo al ejercicio fiscal que iniciará en 2027. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la administración federal ha puesto bajo la lupa las normativas vigentes debido a lo que califica como una baja efectividad en la recaudación del gravamen corporativo, situación que quedó plasmada en el Paquete Económico 2027 entregado formalmente en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con los diagnósticos oficiales presentados por las autoridades, el esquema actual de deducciones permite que una abrumadora mayoría de las corporaciones eluda sus obligaciones fiscales. El dato más contundente revelado por el gobierno indica que 9 de cada 10 empresas no pagan impuestos o sus tasas efectivas son sumamente reducidas, lo que genera un boquete financiero considerable para el Sistema de Administración Tributaria.
Radiografía de la evasión corporativa
Para dimensionar la magnitud del problema recaudatorio, la Secretaría de Hacienda sustentó su estrategia en cifras del ejercicio fiscal previo. Durante ese periodo, exactamente 524 mil empresas declararon ingresos positivos ante las autoridades tributarias; sin embargo, el análisis financiero arrojó una realidad preocupante sobre el cumplimiento efectivo.
Del gran total de compañías con ganancias reportadas, 318 mil empresas no pagaron ISR durante todo el año por diversos motivos legales y argucias contables. Al desglosar este sector, las autoridades descubrieron que 223 mil de estas compañías reportaron deducciones mayores o iguales a sus ingresos, anulando por completo su aportación al erario. El resto de las firmas que eludieron el pago justificó su situación mediante la aplicación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
La estrategia para frenar los vacíos legales
Ante este panorama, la propuesta enviada al Congreso de la Unión contempla modificaciones estructurales a la ley correspondiente, buscando establecer un estándar de deducciones autorizado que garantice una contribución correcta y justa, sin descuidar ni asfixiar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país.
Sobre este tema, la postura oficial fue clara al señalar que “es un deber del Estado promover el desarrollo nacional y crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales procurando el bienestar de la población, así como establecer las medidas que aseguren la contribución correcta y justa”.
Principales cambios propuestos para la recaudación corporativa
El documento legislativo detalla una serie de candados fiscales muy específicos que buscan cerrar los márgenes de maniobra de las grandes corporaciones:
- Límite a las deducciones: Se implementará un mecanismo de control fijado en el 96.67 por ciento de los ingresos acumulables para aquellas firmas con utilidades cuyas deducciones alcancen ese tope. Para el resto, el límite aplicable será del 99 por ciento.
- Pérdidas fiscales: Las compañías podrán utilizar las mermas financieras de años pasados para disminuir hasta 50 por ciento de su utilidad fiscal, extendiendo el plazo para aprovecharlas de 10 a 20 años.
- Deducción de intereses: El tope para deducir intereses netos se reducirá del 30 al 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada, permitiendo diferir los montos excedentes durante los siguientes 10 ejercicios.
- Transacciones extranjeras: Las deducciones por servicios contratados fuera del país solo se reconocerán cuando el servicio sea efectivamente prestado y se realice el pago.
- Cuentas fiscales: Para el cálculo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta se descontarán aquellos gastos sin validez fiscal, mientras que en la Cuenta de Capital de Aportación se prohibirá incluir intereses devengados no pagados.
- Régimen de grupos: Se plantea la eliminación definitiva del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades por considerarlo un ’subsidio implícito’ que cumplió su ciclo.
- Estímulo al transporte: El crédito fiscal de hasta 50 por ciento del gasto en cuotas de peaje se destinará exclusivamente a transportistas con ingresos anuales menores a 250 millones de pesos.
