Gobierno federal defiende complejos de gas natural en Sonora bajo argumentos de seguridad energética
La administración federal ha ratificado su respaldo a la construcción de dos grandes complejos de Gas Natural Licuado (GNL) situados en el litoral del Golfo de California. A pesar de los cuestionamientos de diversos sectores ecológicos respecto a las repercusiones ambientales, el Ejecutivo federal sostiene que estas iniciativas representan un baluarte estratégico para la autonomía de la nación.
Durante su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta de la República explicó que las autorizaciones para estos complejos se otorgaron durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, consolidándose en las costas sonorenses bajo una visión de Estado.
“Se consideró en su momento que tenían, aun cuando es gas de exportación, una ventaja en términos de soberanía, que es el almacenamiento de gas en el país que en su momento podría ser utilizado para México”, declaró la jefa de Estado ante los medios de comunicación.
Situación del abastecimiento y dependencia exterior
En el mismo espacio informativo, las autoridades del sector energético profundizaron en la vulnerabilidad logística del territorio nacional. Actualmente, el 75% del consumo doméstico de gas proviene de territorio estadounidense, insumo fundamental que se emplea para generar el 62% de la energía eléctrica en todo el país.
Por su parte, el titular del Centro Nacional de Gas Natural puntualizó que la infraestructura mexicana carece de reservas estratégicas físicas bajo tierra, operando únicamente con el volumen contenido en los gasoductos, lo cual otorga una autonomía de apenas tres días de consumo ante cualquier interrupción en el suministro extranjero.
Las plantas proyectadas operarán recibiendo hidrocarburo estadounidense mediante ductos terrestres para licuarlo y embarcarlo hacia los mercados del continente asiático, combinando la vocación exportadora con esquemas de retención para emergencias locales.
Magnitud de las inversiones y ubicación estratégica
Los complejos industriales representan una derrama económica considerable para la región noroeste del país. El proyecto Saguaro Energía, impulsado por Mexico Pacific LNG en Puerto Libertad, contempla una inyección de capital estimada en US$15.000 millones, con una capacidad operativa inicial de 14 millones de toneladas anuales y proyecciones de duplicarla a 28 millones.
En paralelo, la planta establecida en Guaymas, a cargo de LNG Alliance Pte Ltd Singapore y Epcilon LNG LLC, contempla recursos por US$6.800 millones para procesar 3,9 millones de toneladas anuales, con planes de escalamiento hasta 7,8 millones.
En relación con la infraestructura terrestre, el gobernador de Sonora aclaró que la administración estatal no entregó predios directamente a las corporaciones privadas, sino que transfirió 114 hectáreas a la Secretaría de Marina para la administración portuaria.
Controversia ecológica y protección de la biodiversidad
Las agrupaciones protectoras del medio ambiente han manifestado un rechazo frontal a estas obras. Más de 30 organizaciones no gubernamentales, entre las que figuran Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, advierten que el tránsito constante de embarcaciones de gran calado vulnera las economías tradicionales de las comunidades pesqueras y turísticas, además de poner en riesgo inminente a la fauna marina.
El Golfo de California, catalogado como patrimonio natural de la humanidad, resguarda una riqueza biológica excepcional que incluye 900 especies de peces y concentra el 39% de los mamíferos marinos del planeta, albergando poblaciones de ballenas azul, gris y jorobada, además de proveer refugio a 181 especies de aves.
Ante este escenario, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) detalló que el permiso ambiental para el complejo de Amigo LNG se otorgó formalmente el 13 de abril de 2026, con anterioridad a las medidas cautelares promovidas por colectivos civiles. Dicha autorización incluye condicionantes operativas estrictas, tales como un tope máximo de 60 arribos anuales de buques metaneros y la obligación de implementar programas permanentes de vigilancia acústica para salvaguardar a los cetáceos de la zona.
