El gobierno federal mexicano ha iniciado gestiones para entablar un diálogo directo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de moderar las solicitudes de recursos económicos presentadas por ambas entidades para el próximo ciclo fiscal.
Llamado a la contención del gasto público
Durante la conferencia matutina ofrecida este viernes desde Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que la política de contención del gasto debe reflejarse en todo el aparato estatal. La funcionaria suplió en el ejercicio informativo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien guardó reposo médico debido a un cuadro de gripe fuerte.
Ante la solicitud de recursos económicos considerables planteada por los órganos autónomos y el tribunal supremo, la encargada de la política interior sostuvo que la administración federal confía en concretar entendimientos mutuos. Al respecto, la funcionaria señaló:
"Son tiempos de austeridad, no solo para el ejecutivo federal y el legislativo. También para el Poder Judicial y organismos. Eso téngalo por seguro", manifestó ante los medios de comunicación.
Respeto a la autonomía frente a las prioridades nacionales
La postura del Ejecutivo central se da en un contexto donde las demandas presupuestales de los organismos autónomos han generado debate público. El INE ha proyectado un requerimiento superior a los 47,000 millones de pesos para el año próximo, periodo que coincidirá con la organización de los comicios intermedios en el país. Por su parte, la Suprema Corte ha planteado un incremento cercano a los 6,000 millones de pesos, contemplando además la reactivación de esquemas de seguros médicos privados.
Frente a estas cifras, la titular de Gobernación recordó que si bien la independencia de los poderes y de los entes autónomos está garantizada por la ley, las necesidades financieras del Estado mexicano deben ajustarse a un criterio de racionalidad administrativa.
"Sabemos de la autonomía, pero también las prioridades del gobierno", puntualizó la secretaria, haciendo un llamado a la prudencia institucional en la elaboración final de los tabuladores de gasto.
Perspectiva de consenso institucional
La administración federal confía en que los titulares de las instituciones involucradas comprenden la directriz económica actual, orientada a priorizar programas sociales y el desarrollo nacional por encima del gasto operativo suntuario o la ampliación de prerrogativas laborales tradicionales en el sector judicial.
Para concluir su intervención sobre este tópico, la funcionaria reafirmó el optimismo del gabinete respecto a las negociaciones en curso con los representantes de los poderes involucrados:
"Tenemos confianza en que vamos a llegar a acuerdos con el poder judicial y el INE. vamos a llegar a acuerdos en manera de austeridad del presupuesto, no tenemos dudas", concluyó.
