Gobierno de México adelanta el depósito de la gratificación anual y otorga hasta 40 días de salario
Los trabajadores al servicio del Estado mexicano comenzaron a recibir este martes 10 de noviembre su respectiva gratificación de fin de año, un pago anticipado que coincide con el inicio de la temporada de descuentos comerciales del Buen Fin 2026. Esta medida representa un alivio económico para miles de familias que dependen de la administración pública federal.
El motivo por el cual esta prestación se entrega de manera anticipada responde a un decreto oficial emitido por el Poder Ejecutivo y difundido recientemente en el Diario Oficial de la Federación. La disposición busca beneficiar a los empleados gubernamentales con un monto superior al mínimo legal establecido en el país.
El fundamento jurídico del beneficio extraordinario
De acuerdo con el documento legal firmado por la administración federal, esta decisión se fundamenta en principios de equidad laboral para reconocer la labor del personal gubernamental mediante esquemas justos de retribución y compensación económica por sus años de servicio o situación de retiro.
Al respecto, la mandataria federal señaló lo siguiente en el acuerdo oficial:
“El Ejecutivo Federal, a mi cargo, ha decidido otorgar de forma extensiva, como un acto jurídico orientado en principios de justicia y equidad, un aguinaldo al personal referido en este decreto y de conformidad con los esquemas de remuneración, retribución, cuota de pensión o haber de retiro”.
Asimismo, el texto normativo detalla que el monto asignado supera los 15 días de salario que habitualmente perciben los trabajadores en el sector privado por este concepto, elevando la cifra de manera significativa para los servidores públicos del Estado.
“A las personas servidoras públicas, (el pago del aguinaldo) será equivalente a 40 días, sobre la base de cálculo y en los términos que se establezcan en los lineamientos”, estipula el documento oficial.
¿Quiénes son los beneficiarios de los 40 días de aguinaldo?
El decreto gubernamental enumera de manera específica a los sectores de la administración pública que tienen derecho a recibir este pago superior a la norma general durante el ejercicio fiscal 2026. La lista incluye a diversas categorías dentro del aparato estatal:
- Las personas servidoras públicas adscritas a las diferentes dependencias y entidades gubernamentales.
- El personal operativo de confianza que labora en dichas instituciones.
- El personal de enlace, de mando y los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que desempeñan funciones dentro del territorio nacional.
- Los representantes y el personal diplomático de México que se encuentran en misiones en el extranjero.
- El personal militar en activo que forma parte de las fuerzas armadas.
- Las personas contratadas bajo el régimen de honorarios con cargo al capítulo de servicios personales para prestar servicios profesionales en el gobierno y el servicio exterior.
- Los beneficiarios de haberes de retiro, pensionados civiles, militares o de gracia, así como los deudos con derechos reconocidos por el ISSSTE o el erario federal.
- Los veteranos de la Revolución que reciben una pensión institucional con cuota adicional.
A pesar de la amplia cobertura de esta medida excepcional, el decreto gubernamental establece ciertas exclusiones específicas, dejando fuera del beneficio de los 40 días de aguinaldo a las personas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales y al personal vinculado mediante convenios de coordinación técnica de enseñanza con los gobiernos estatales.
Lineamientos operativos y el marco general de la prestación
Para que la dispersión de los recursos se realice de forma ordenada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Édgar Amador, tiene la responsabilidad de emitir las directrices específicas que cada dependencia y organismo deberá seguir estrictamente al calcular el monto correspondiente para sus empleados.
Por otro lado, es importante recordar que en el ámbito laboral general, el pago del aguinaldo constituye un derecho fundamental consagrado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cual obliga a los empleadores del sector privado a depositar un equivalente a mínimo 15 días de salario a más tardar el 20 de diciembre de cada año.
La legislación mexicana también protege a quienes no laboraron el año completo, garantizando una parte proporcional acorde al tiempo trabajado, además de contemplar la obligatoriedad de esta prestación para sectores que históricamente estuvieron desprotegidos, tales como las trabajadoras del hogar.
