Estrategia migratoria: compra directa de infraestructura penitenciaria
La administración encabezada por Donald Trump concretó una transacción valuada en 950 millones de dólares para hacerse con la propiedad de tres complejos de reclusión para extranjeros ubicados en el sur de California. La adquisición, efectuada a GEO Group Inc., forma parte de una estrategia gubernamental orientada a maximizar el control federal sobre los inmuebles que sostienen su plan de deportaciones masivas en todo el territorio estadounidense.
El convenio comprende tres inmuebles contiguos situados en la localidad de Adelanto, los cuales poseen una disponibilidad conjunta superior a las 2 mil 600 camas. Pese a la transferencia de la propiedad, la corporación vendedora mantendrá la administración de los inmuebles bajo un convenio estipulado para extenderse hasta diciembre de 2034, según comunicó la propia empresa.
“Nos complace la finalización de estas importantes ventas de activos al gobierno federal de los Estados Unidos y esperamos seguir brindando servicios de apoyo seguros y de alta calidad en virtud de nuestros contratos a largo plazo vigentes con ICE”, expresó George C. Zoley, director ejecutivo de GEO, a través de un comunicado oficial.
Históricamente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recurrido a corporaciones penitenciarias privadas y administraciones locales para asegurar el espacio indispensable destinado a albergar a personas extranjeras mientras aguardan la resolución de sus procedimientos legales o su expulsión del país. No obstante, bajo la actual gestión presidencial, la dependencia federal ha optado por adquirir directamente estos espacios, conservando a la vez los contratos con entidades privadas para su manejo cotidiano.
Inversión multimillonaria y cuestionamientos sobre la viabilidad financiera
Durante los primeros meses del año, el ICE destinó aproximadamente mil 500 millones de dólares a la compra de dos recintos de retención, destacando uno con capacidad cercana a las 2 mil personas en las inmediaciones de San Diego, el cual pertenecía a CoreCivic, empresa que continúa operándolo. Tanto esta firma como GEO han señalado que sostienen conversaciones con el gobierno para ceder más propiedades en el futuro.
De acuerdo con funcionarios de la agencia migratoria, poseer directamente estos inmuebles otorga una mayor gobernanza sobre la capacidad operativa y garantiza disponibilidad en regiones estratégicas. Sin embargo, esta expansión ha estado marcada por altibajos logísticos; la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) documentó que la institución gastó cerca de mil millones de dólares en la adquisición de 11 bodegas nacionales con el propósito de convertirlas en centros de detención, de las cuales posteriormente optó por vender al menos siete.
El organismo fiscalizador del Congreso estadounidense determinó que la agencia gubernamental avanzó en sus compras careciendo de una planeación estructurada sobre la cantidad real de espacios requeridos, su ubicación ideal o la eficiencia de costos a largo plazo.
“La compra por parte de ICE de centros de detención ya existentes podría generar despilfarro”, advirtió el informe de la GAO. “Si bien los funcionarios nos dijeron que consideraron riesgos como las responsabilidades ambientales y el historial de los sitios que identificaron para una posible compra, ICE no ha evaluado la viabilidad económica a largo plazo de ser propietario de estas instalaciones”.
Aumento de detenciones y tensiones por los derechos civiles
Desde el inicio del actual mandato presidencial, el ICE ha registrado el arresto de más de 650 mil personas, consolidando una cifra cercana a los 600 mil deportados hacia mediados de julio, de acuerdo con los registros oficiales más recientes disponibles.
“El DHS lleva a cabo actividades policiales a diario en todo el país para mantener a los estadounidenses a salvo. No debería sorprender que el ICE vaya a realizar arrestos en varios estados de Estados Unidos y garantizar que contemos con los recursos necesarios para cumplir la misión del presidente Trump”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante un correo electrónico institucional.
El incremento exponencial en las capturas ha intensificado la vigilancia sobre las condiciones que imperan en el interior de estos sitios. Diversas agrupaciones defensoras de los derechos humanos y personas que han estado recluidas han denunciado reiteradamente deficiencias en la atención médica, la seguridad general y el trato recibido en recintos de todo el país, incluyendo el complejo de Adelanto. Por su parte, los operadores privados han rechazado de manera categórica cualquier señalamiento sobre irregularidades o maltrato.
