Pablo Lemus asume responsabilidad institucional tras represión a manifestantes
El mandatario estatal de Jalisco, Pablo Lemus, emitió un posicionamiento público en el que admitió de manera abierta que los elementos de seguridad a su cargo incurrieron en un uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas ciudadanas vinculadas con la severa crisis hídrica que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara. Tras revisar minuciosamente los registros audiovisuales de los altercados, la administración estatal confirmó fallas estructurales graves y omisiones inaceptables en los protocolos de contención.
El conflicto se originó en un contexto de alta tensión social, marcado por el descontento de la población y de sectores académicos, como estudiantes del Iteso, quienes han encarado a las autoridades locales debido a la distribución de líquido contaminado y las deficiencias en el suministro básico. Lejos de minimizar los hechos, el titular del Ejecutivo estatal reconoció la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a la actuación de los uniformados, señalando que los agentes debieron priorizar el diálogo y evitar la confrontación directa.
Para respaldar sus declaraciones institucionales, el gobernador enfatizó una postura de cercanía con la ciudadanía mediante la frase: “antes que gobernador, soy humano; en la vida se debe saber reconocer y corregir”. Con este pronunciamiento, el gobierno local busca aplacar la inconformidad social desatada tras los hechos violentos registrados en las inmediaciones de los recintos gubernamentales.
Investigaciones internas y apertura a la supervisión de derechos humanos
Derivado de la revisión de los videos, las autoridades estatales identificaron a los elementos que presuntamente perpetraron los abusos durante el operativo. En este sentido, se puso en marcha un proceso de investigaciones internas para sancionar a los responsables conforme a la ley, garantizando que no exista impunidad al interior de la corporación de seguridad pública.
Asimismo, el mandatario solicitó de manera formal el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para vigilar el desarrollo de las indagatorias. El objetivo primordial de esta intervención institucional es asegurar una total transparencia en la aplicación de las sanciones correspondientes, así como coordinar la eventual reparación de daños a las víctimas y participar de manera directa en una profunda reestructura de los protocolos de actuación policial.
Durante su mensaje, el jefe del ejecutivo local fue categórico al detallar las fallas operativas ocurridas en el sitio, puntualizando sobre los riesgos innecesarios a los que se expuso a la población civil en medio de las refriegas callejeras y el lanzamiento de agentes químicos.
“Nunca debió utilizarse agua ni gas contra las personas, ni menores de edad o personas mayores debieron quedar expuestos a la violencia. Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto, y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, aseveró el funcionario.
Liberación total de detenidos y compromisos sobre el agua
En el ámbito legal y derivado de las tensiones generadas frente a Casa Jalisco, el gobierno estatal confirmó la situación jurídica de las personas que habían sido aseguradas durante los enfrentamientos. De un total de 39 asegurados durante las protestas, las autoridades informaron sobre la liberación de los últimos expedientes pendientes.
“Todas las personas detenidas el domingo han recuperado su libertad, absolutamente todas, personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación pese a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias”, declaró el mandatario al dar por concluido este apartado de la crisis jurídica.
Finalmente, frente a las exigencias de dimisión y las críticas de actores políticos como Ariadna Montiel, la administración estatal reiteró sus compromisos económicos y sociales en torno al suministro vital para la región. El gobierno ratificó que el servicio de agua potable no se privatizará bajo ninguna circunstancia, descartando tajantemente la contratación de nueva deuda pública o la aplicación de incrementos en las tarifas vigentes para los usuarios de la demarcación.
