El trasfondo del freno a la modalidad 40 del IMSS
La reciente decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de modificar las reglas de operación de la llamada Modalidad 40 responde a la detección de una red de irregularidades financieras. Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, detalló que detrás de este mecanismo operaba un sistema fraudulento que actualmente acumula al menos 115 denuncias formales ante las instancias correspondientes.
Las investigaciones institucionales revelaron la participación activa de despachos de gestoría, asesores independientes y entidades financieras que otorgaban créditos en efectivo. Estos préstamos se utilizaban para cubrir las aportaciones patronales requeridas, permitiendo incluso una retroactividad de hasta cinco años en el historial de cotización. Dicha red de intermediarios operaba principalmente a través de plataformas digitales, exigiendo en ocasiones bienes inmuebles como garantía hipotecaria para asegurar el pago del financiamiento.
El modus operandi de las pensiones infladas
El esquema ilícito no solo consistía en el financiamiento de cuotas retroactivas, sino que involucraba la simulación laboral mediante registros patronales fraudulentos. De acuerdo con las declaraciones del funcionario federal, algunas financieras ofrecían inscribir a los solicitantes en compañías inexistentes, eximiéndolos de prestar cualquier tipo de servicio laboral mientras cubrían sus aportaciones obligatorias durante un periodo determinado.
Esta práctica permitía que los futuros jubilados incrementaran de manera artificial el monto de su percepción económica al momento de retirarse. Según explicó Robledo, esta situación representaba un riesgo sistémico para las finanzas públicas, al grado de señalar que «no es ahorro para el retiro: es un crédito que termina pagando el Estado mexicano«. Mediante estos artificios legales y financieros, las pensiones lograban dispararse por encima de 1,000% en comparación con el último salario real percibido por el trabajador.
Nuevas disposiciones y salvaguardas para los cotizantes actuales
Las restricciones implementadas derivan directamente de un acuerdo emitido por el Consejo Técnico de la institución de salud, el cual fue difundido oficialmente el pasado 21 de octubre de 2026. Las nuevas directrices eliminan la facultad de los asegurados para elegir de manera arbitraria el Salario Base de Cotización, estableciendo un límite máximo de 25 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 2,932 pesos diarios. Con esta medida se pretende evitar que los derechohabientes realicen aportaciones extraordinarias masivas durante sus últimas 250 semanas laborales para obtener retiros desproporcionados.
No obstante, el organismo gubernamental aclaró que las modificaciones contemplan medidas de protección para quienes ya participaban en este esquema de manera legítima. Aquellas personas que se encontraban inscritas antes de la entrada en vigor de la normativa podrán concluir su periodo bajo las condiciones previamente establecidas, conservando intactas sus semanas cotizadas y los salarios registrados. Robledo insistió en que las pensiones ya otorgadas no sufrirán ningún tipo de modificación, brindando certeza jurídica a los actuales beneficiarios.
Debate legislativo y futuro del esquema de continuación voluntaria
A pesar de las acciones emprendidas para sanear el sistema de seguridad social, la medida restrictiva ha generado fricciones en el ámbito político. Diversos actores legislativos han cuestionado la validez jurídica de la decisión adoptada por el Consejo Técnico. Específicamente, la senadora Claudia Anaya manifestó su desacuerdo al argumentar que el órgano administrativo carece de las atribuciones necesarias para suspender o modificar disposiciones contenidas en la ley federal mediante un simple acuerdo administrativo, por lo que el tema será revisado a fondo en el pleno del Senado.
Por su parte, la dirección del instituto reconoció que la problemática se encuentra en una delgada línea entre la legalidad del financiamiento privado y el uso indebido de recursos públicos, lo que motivó la apertura de un plazo de análisis financiero y normativo para evaluar el impacto a mediano plazo. Las autoridades reiteran que la figura de continuación voluntaria no ha sido eliminada del marco legal vigente, sino que se encuentra bajo un riguroso proceso de revisión para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el país.
