La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en contra de César N, quien se desempeñara como fiscal general del estado de Chihuahua, bajo el grave señalamiento de incurrir presuntamente en el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
Las indagatorias federales apuntan a que el exfuncionario permitió de manera deliberada la incursión de personal extranjero en territorio nacional. Dicha intervención se realizó al margen de los canales diplomáticos y legales correspondientes, vulnerando los protocolos que otorgan la exclusividad de estas acciones a las fuerzas federales mexicanas.
Motivos detrás de la orden de aprehensión
La captura del exservidor público se concretó luego de que un juez federal librara la orden de aprehensión sustentada en más de 100 actos de investigación, los cuales incluyeron exhaustivas labores tanto de gabinete como de campo por parte de las autoridades ministeriales.
De acuerdo con las indagatorias, César N habría ordenado y coordinado un despliegue operativo irregular durante el pasado mes de abril en la localidad de El Pinal, situada en el municipio serrano de Morelos, dentro de la misma entidad federativa.
“Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la nación, al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”, detalló la fiscal Ernestina Godoy al dar a conocer los detalles sobre el cumplimiento del mandamiento judicial.
Asimismo, la funcionaria federal recalcó que este tipo de acciones representan una transgresión directa al pacto federal y al principio de división de poderes. La legislación mexicana vigente, en particular la Ley de Seguridad Nacional, estipula con claridad que los gobiernos estatales carecen de atribuciones para delegar potestades públicas o colaborar de manera inconsulta con gobiernos extranjeros en materias de seguridad estratégica.
Las indagatorias de la FGR recopilaron evidencias documentales y testimoniales, incluidas aportaciones de la propia fiscalía estatal, que confirman que la presencia de los ciudadanos extranjeros en el operativo carecía de cualquier sustento legal o justificación operativa dentro del marco jurídico nacional.
Irregularidades y ocultamiento de información
Los expedientes abiertos por la instancia federal comprobaron que los individuos extranjeros involucrados ingresaron en repetidas ocasiones a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación sin un motivo oficial que avalara su estancia en dichos recintos policiales.
Pese a que las autoridades locales no poseían competencias legales para ejecutar operativos de esa naturaleza —reservados estrictamente a la federación—, la estructura de la fiscalía estatal procedió sin abrir de manera formal una carpeta de investigación previa.
Paradójicamente, el propio César N había declarado públicamente ante los medios de comunicación que las acciones operativas respondían a una planeación prolongada entre dos áreas estratégicas bajo su mando directo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.
“El fiscal habría ocultado información a la Fiscalía Estatal. A través de su titular, tenía que informar a la Federación, no lo hizo, en cambio, informó a personas extranjeras”, reprobó Ernestina Godoy al evidenciar la omisión de los protocolos institucionales y el flujo irregular de datos hacia actores ajenos al Estado mexicano.
