Tras permanecer recluido por un periodo superior a los dos meses en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, situado en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México, el exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, abandonó las instalaciones carcelarias este sábado 26 de septiembre con el propósito de afrontar las etapas subsecuentes de su proceso judicial bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria en su residencia situada en la ciudad de Ensenada.
El traslado del exfuncionario público se llevó a cabo a bordo de un carro blindado perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual contó con el resguardo de efectivos federales y la supervisión a distancia de elementos pertenecientes a la Guardia Nacional. Esta determinación fue emitida formalmente el pasado viernes por un juez federal con sede en la mencionada demarcación mexiquense.
Medidas cautelares y vigilancia permanente
Junto con la concesión del arresto domiciliario, el impartidor de justicia impuso al exmandatario estatal diversas restricciones complementarias para asegurar su sujeción al procedimiento legal. Entre estas disposiciones destacan la obligación de entregar su pasaporte y visa, la imposición de una prohibición absoluta para salir del país, así como la restricción de establecer cualquier tipo de comunicación con los demás coacusados involucrados en la causa penal.
Adicionalmente, las autoridades federales establecieron un esquema de vigilancia constante que contempla la presencia permanente de elementos de la Guardia Nacional en el perímetro de su domicilio durante las 24 horas del día.
La modificación en la medida cautelar se concretó luego de que la defensa legal del imputado presentara argumentos fundamentados en su edad avanzada, pues cuenta actualmente con 74 años, y en su estado de salud. Durante su estancia en prisión, su hija Verónica Ruffo denunció que el exgobernador enfrentó un desgaste físico considerable, señalando que perdió seis kilos de masa corporal y un diente debido a complicaciones médicas que exigen atención especializada constante.
Las acusaciones de la Fiscalía General de la República
De acuerdo con las indagatorias encabezadas por la Fiscalía General de la República, el exgobernador es señalado por su presunta participación en la legitimación de operaciones vinculadas a una red de huachicol fiscal que presuntamente operaba a través de la empresa Ingemar. Las pesquisas ministeriales apuntan a que el exmandatario habría ideado un esquema de simulación fiscal en las aduanas nacionales y coordinado a los operadores directos de dichas actividades ilícitas.
El propósito central de esta estructura consistía en generar ganancias económicas mediante la evasión sistemática de contribuciones fiscales y la comercialización clandestina de combustible no declarado proveniente de Estados Unidos. Mientras las autoridades sostienen la solidez de las pruebas recabadas en su contra, el caso ha provocado diversas reacciones en el espectro político nacional.
Diversas figuras de la política mexicana, incluido el expresidente Felipe Calderón, han externado su postura sobre el desarrollo del proceso judicial. En tanto, círculos cercanos al exgobernador y militantes de su partido han calificado el procedimiento como una acción de carácter político, mientras se espera que concluya su traslado definitivo a Baja California bajo el estricto monitoreo de las fuerzas federales.
