Destitución tras comparecencia ministerial
La exsecretaria particular del fallecido alcalde de Uruapan, Michoacán, Yesenia Méndez Rodríguez, denunció públicamente que fue separada de su puesto dentro del Ayuntamiento de Uruapan como represalias por ampliar su testimonio ministerial ante las autoridades de procuración de justicia locales.
A través de un pronunciamiento difundido en su perfil de la red social Facebook, la exfuncionaria indicó que la notificación sobre su cese laboral fue realizada de manera verbal por personal de la Secretaría de Administración municipal, una acción que calificó como una violación directa a sus garantías laborales, recordando que laboraba en la administración pública local desde 2017 y que contaba con una plaza de base obtenida en 2021.
El conflicto administrativo y legal escaló luego de que Méndez Rodríguez solicitara formalmente que se indague a fondo la naturaleza del vínculo, tanto personal como profesional, que mantenía el exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, Samuel García Rivero —actualmente procesado judicialmente por el homicidio del edil—, con la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz García.
Ante este panorama, la afectada puntualizó que sus peticiones ante el Ministerio Público no constituyen una sentencia anticipada contra funcionarios específicos, sino una exigencia para que las instancias competentes esclarezcan los hechos con base en evidencias documentales.
Cuestionamientos sobre el gabinete y sueldos
En su declaración pública, la excolaboradora puso bajo la lupa el retorno de Samuel García Rivero a la estructura gubernamental del municipio una vez que la viuda del edil asesinado asumió las riendas de la alcaldía, cuestionando además los emolumentos asignados al exfuncionario.
Méndez Rodríguez señaló que existen comprobantes de nómina que demuestran que el exdirector de Protocolo percibía un ingreso mensual estimado en 70 mil pesos, lo cual lo situaba entre los perfiles con contraprestaciones económicas más elevadas dentro de la estructura del gobierno local.
“Todo esto puede y debe ser esclarecido con documentos y por las autoridades correspondientes, no mediante discursos ni descalificaciones”, aseveró la exfuncionaria al tiempo que interpeló directamente a la administración actual sobre si los motivos de su despido responden a motivaciones de índole netamente político ante el ejercicio de la crítica contra quienes detentan el poder.
Exigencia de verdad y llamado a los tribunales
Durante su mensaje, la exsecretaria particular apeló a la memoria y los principios políticos del difunto presidente municipal, planteando cuestionamientos severos sobre el rumbo actual del gobierno local respecto a las banderas de lucha que enarbolaba la administración anterior.
“¿Dónde está el legado de Carlos Manzo que tanto se pronuncia?”, manifestó en su escrito, donde también enfatizó que las indagatorias en torno al magnicidio deben conducirse mediante indagatorias ministeriales sólidas y transparentes y no a través de disputas mediáticas.
Méndez Rodríguez reconoció que dentro del aparato gubernamental municipal existen más personas que poseen información relevante sobre los hechos investigados, pero lamentó que prevalezca el silencio motivado por la prudencia, el temor o intereses particulares.
“Yo decidí no callar”, sentenció la exservidora pública, asegurando que su remoción del cargo no frenará su disposición para comparecer ante las instancias judiciales pertinentes las veces que sea necesario para coadyuvar en el esclarecimiento del caso.
“Porque perder un puesto de trabajo puede ser una represalia. Perder el derecho a decir la verdad sería permitir que el miedo nos gobierne… Yo seguiré dando la cara… Nos veremos en los tribunales… y en la Fiscalía”, concluyó.
Antecedentes del caso y detención previa
La trayectoria de Yesenia Méndez en el gobierno municipal de Uruapan inició en septiembre de 2024 al integrarse como asistente cercana de Carlos Manzo, cargo en el cual se mantuvo tras la transición administrativa encabezada por Grecia Quiroz.
El pasado 8 de enero de 2026, elementos de corporaciones federales y estatales detuvieron a la exfuncionaria al interior de las oficinas de la presidencia municipal, siendo trasladada inicialmente ante una unidad especializada de la Fiscalía de Michoacán antes de recuperar su libertad tras rendir su testimonio.
Aquella intervención ministerial se derivó de las líneas de investigación abiertas para determinar la posible filtración de datos sensibles sobre la agenda y los desplazamientos del exalcalde durante la noche del 1 de noviembre, fecha en la que se perpetró el atentado que le costó la vida, situación por la cual tanto la exsecretaria como otros mandos medios fueron requeridos por las autoridades ministeriales.
