El desafío estructural de la agricultura en México
El sector agrícola en México enfrenta un reto complejo para garantizar el abasto suficiente de fuerza laboral, debido principalmente a la naturaleza estacional de sus actividades. Esta dinámica productiva exige la incorporación de personal en periodos específicos del año, lo que genera dificultades significativas para consolidar la contratación formal y gestionar los traslados de los trabajadores. Actualmente, la agricultura aporta el 3.36% del PIB nacional y genera empleo para aproximadamente una de cada diez personas trabajadoras en todo el país, por lo que atender estas problemáticas resulta indispensable para asegurar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo.
Las estadísticas oficiales permiten dimensionar la magnitud del problema. De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022 elaborado por el INEGI, el 26.8% de las y los productores supera los 65 años de edad, mientras que el 17.6% de las unidades de producción identifica la escasez de mano de obra como uno de sus principales obstáculos operativos.
Para hacer frente a esta situación, es necesario comprender a fondo las particularidades de cada ciclo agrícola y diseñar mecanismos institucionales que faciliten la incorporación de las personas al empleo formal. Esto incluye facilitar su traslado hacia las zonas con oportunidades laborales y garantizar su retorno seguro a las comunidades de origen para las temporadas posteriores. Diversas experiencias recientes demuestran que es factible avanzar hacia este modelo de gestión ordenada.
La movilidad laboral como un ciclo continuo
El desplazamiento de jornaleros es una realidad estructural inherente a la actividad agrícola nacional. Cada año, miles de trabajadores se desplazan entre diferentes entidades federativas siguiendo las rutas de cosecha, aunque enfrentan grandes obstáculos para acceder a la seguridad social y a contratos formalizados.
Cifras de la ENOE al cierre de 2025 revelan que el 89.9% de las personas asalariadas en el sector agrícola labora en condiciones de informalidad. Para la mayoría, los impedimentos surgen desde antes de iniciar sus labores, ya que frecuentemente presentan documentos de identidad con errores o incompletos. Asimismo, deben cumplir con complejos trámites ante instancias de seguridad social, registros fiscales y entidades bancarias. Cuando los flujos laborales rebasan las fronteras nacionales, estos requerimientos administrativos se multiplican con procesos migratorios adicionales.
Un modelo reciente de movilidad implementado entre Guatemala, México y Estados Unidos contempla un esquema integral que abarca el reclutamiento y la capacitación en el país de origen, seguido de una temporada de empleo formal en territorio mexicano y, para aquellos trabajadores que cumplen con los estándares de eficiencia requeridos, la posibilidad de acceder a un trabajo temporal en Estados Unidos mediante la visa H-2A.
A pesar de los beneficios, la mayor parte de los obstáculos se concentraron en el ámbito burocrático. Las peticiones migratorias debieron presentarse y pagarse de forma individual, ya que las plataformas institucionales carecen de opciones para gestionar solicitudes colectivas o múltiples desde una misma conexión. A esto se sumaron los trámites obligatorios en México, tales como la obtención de la CURP, el RFC, la afiliación al IMSS y la apertura de cuentas bancarias.
No obstante las dificultades administrativas, la continuidad entre temporadas arrojó lecciones sumamente positivas. En cada ciclo participaron 40 personas; la totalidad concluyó sus contratos y retornó a sus lugares de origen. Diecinueve jornaleros volvieron para el segundo ciclo y, entre aquellos que cumplieron las metas de productividad establecidas, el 83% contaba con experiencia previa en el programa.
Los ingresos de los participantes se incrementaron 2.6 veces en México y hasta nueve veces en Estados Unidos. Cabe destacar que alrededor del 20% de los participantes fueron mujeres, una proporción inusual en los programas internacionales de movilidad agrícola. Culminar una temporada, regresar al hogar y conservar la expectativa de una nueva oportunidad fomenta la confianza mutua entre trabajadores, familias y empleadores.
Hacia la consolidación de capacidades permanentes
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, que conmemoró 50 años en 2024 con un registro cercano al medio millón de colocaciones, confirma que la movilidad laboral genera resultados positivos cuando los distintos actores involucrados asumen sus responsabilidades de manera rigurosa y consistente.
El siguiente paso estratégico consiste en desarrollar herramientas tecnológicas y administrativas que agilicen la contratación formal. En primer lugar, se requiere vincular los registros oficiales para que una sola acción active de manera simultánea la CURP, el RFC y el alta en el IMSS, garantizando la formalidad desde el primer día de labores.
En el ámbito internacional, sería ideal que los empleadores acreditados puedan gestionar solicitudes y pagos colectivos con el aval de la Secretaría del Trabajo, además de establecer una figura migratoria específica para el trabajo agrícola temporal que se ajuste a la duración de las cosechas y mantenga costos proporcionales. A estas medidas se debe integrar una perspectiva de género desde la planeación en aspectos como vivienda, transporte y acompañamiento, respaldada por el compromiso de compradores y comercializadores de asumir en sus decisiones comerciales el costo real de una contratación ética y formal.
El porvenir del campo mexicano dependerá en gran medida de su aptitud para estructurar la movilidad laboral como una política de largo plazo. Establecer rutas transparentes, simplificar los procesos burocráticos y alinear las responsabilidades de todos los sectores permitirá que un mayor número de personas elija la agricultura como una alternativa confiable de empleo formal, con condiciones dignas que incentiven su regreso temporada tras temporada.
