Diana Carolina Morales Palma era, hasta hace poco, una patrullera de la Policía Nacional, con buen comportamiento, sin ninguna sospecha de sus compañeros. Sin embargo, su carrera y hoja de vida quedó con una gran sombra luego de que fuera capturada hace pocos días en plena ceremonia en la que, incluso, estaba presente el director de la entidad, Henry Armando Sanabria.
“Ya lo decía yo que siempre había una desgracia en diciembre, cada quien responde por sus actos”, se le escucha decir a Sanabria en el video mientras la patrullera es trasladada esposada frente a todos sus colegas.
Morales Palma es señalada por el posible hurto de entre 200 y 300 millones de pesos. ¿Cómo ocurrió? Según la Fiscalía, la patrullera trabajaba en el área de Tesorería de la Policía Nacional y desde allí alteró el sistema de información de la entidad para desviar altas sumas de dinero hacia sus familiares.
De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, la uniformada aceptó varios cargos como fraude procesal, desobediencia, peculado por apropiación, acceso abusivo a sistema informático y peculado por apropiación en modalidad de tentativa. Estos delitos ya fueron imputados en su contra por parte de un fiscal delegado que tendrá que revisar el expediente y determinar si hay elementos para una destitución, que sería el escenario más probable.
Según el expediente, la patrullera aprovechó el conocimiento que tenía para realizar pagos a favor terceros, incluso acreedores a través de sistemas de información SIIF Nación II, que pertenece al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el segundo sistema utilizado fue el SAP, del Ministerio de Defensa.
La patrullera, según pudo establecer SEMANA, realizó el pago de cuatro transacciones por un valor total de $ 286′376.656,46 y quedó pendiente en trámite de pago una suma cercana a $ 75′000.000.
Luego viene otro giro de $ 69′872.432,25 y uno más por $ 37′985.687,31 con dos órdenes de pago de distintas referencias.
Aparece en el expediente otro pago de $ 88′954.341,02 cuya referencia es 307125622. En este caso, Morales Palma hizo el pago a un tercero, y la suma de dinero fue enviada o girada a una cuenta de ahorros personal.
Mientras la Policía captura y lleva a prisión a los mismos uniformados, el Gobierno pide libertad a delincuentes.
Uno de los jóvenes capturados por presuntamente haber atacado, a finales de octubre, con piedras la camioneta en que se movilizaba el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, cuenta con graves antecedentes judiciales. Así lo reseñó el mismo oficial, que indicó que en el sistema judicial tiene cuatro procesos penales pendientes por diferentes delitos.
Los procesos, según reveló el general, están relacionados con los delitos de obstrucción a vía pública, violencia contra servidor público, entre otros. Sin embargo, no contaba con orden de captura vigente: “son procesos en los que han sido dejados en libertad por fiscales o jueces de control de garantías, pero los procesos continúan”.
Dos de los jóvenes capturados fueron dejados en libertad pocas horas después por la mediación del viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, quien llegó a la zona. Esta situación ha generado una gran polémica, puesto que el funcionario no contaba con las facultades para este tipo de acciones, hecho por el cual se anunció incluso una denuncia en su contra.
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