El dilema ciudadano: la balanza entre el crimen y la malversación
Al analizar los principales desafíos que enfrenta la sociedad mexicana, surgen dos cuestionamientos fundamentales: por un lado, determinar cuál de estas problemáticas genera mayor inquietud ciudadana y, por el otro, comprender de qué manera influye cada una al momento de emitir el sufragio en las urnas. Diversos estudios demuestran que la respuesta a estas interrogantes revela dinámicas complejas sobre la participación democrática.
En cuanto al primer cuestionamiento, los datos de distintas agencias de opinión pública muestran una clara inclinación. De acuerdo con un levantamiento de Mitofsky realizado en julio, la inseguridad se posicionó como el principal motivo de zozobra con un 52.6 por ciento, mientras que los actos de malos manejos gubernamentales quedaron fuera de los primeros puestos. Sin embargo, este estudio también reflejó un incremento preocupante en la percepción de anomalías administrativas dentro del aparato estatal, la cual escaló de 78.5 a 86.4 por ciento entre los meses de julio de 2025 y julio de 2026.
Esta tendencia encuentra respaldo en mediciones internacionales. El organismo de cooperación económica OCDE situó a México en el primer lugar de un bloque de 33 naciones con mayor angustia frente a la delincuencia, alcanzando un 75 por ciento, en contraste con un 47 por ciento de inquietud por la corrupción. Por su parte, la encuestadora Ipsos, mediante una metodología digital enfocada en sectores urbanos y con mayor nivel educativo, ubicó al crimen y la violencia en un 59 por ciento, relegando los delitos de índole financiera y política al 34 por ciento.
El impacto de la violencia en la participación democrática
A pesar de que las cifras confirman que el crimen genera mayor zozobra que la corrupción, el grado de preocupación no se traduce de forma directa en una oposición política organizada. Investigaciones académicas previas, como la de la especialista Sandra Ley publicada en el Journal of Conflict Resolution, demuestran que en aquellas demarcaciones donde el crimen organizado atentó contra servidores públicos y aspirantes a cargos de elección popular, se registró una menor participación en las urnas.
Este fenómeno inhibitorio no requiere necesariamente de una vivencia personal con el delito; la simple atmósfera de violencia letal en el entorno local es suficiente para disuadir a los votantes. Como han señalado otros analistas, la violencia no genera un voto de castigo hacia las autoridades en turno, sino que provoca ausentismo generalizado en las casillas.
Registros de iniciativas como Votar entre Balas —proyecto colaborativo en el que participa la propia Ley— aportan evidencia sobre esta problemática. Durante el proceso electoral de 2024 se documentaron 206 víctimas de violencia político-criminal, concentrándose un total de 102 casos únicamente en el mes de mayo, previo a la contienda. Asimismo, el informe detalla el asesinato de 30 candidatos y precandidatos, y destaca que el sector más afectado no fue el de los políticos, sino el de los elementos de seguridad y fuerzas del orden, con más de 1,100 registros acumulados.
Efectos electorales opuestos: movilización frente a abstención
A diferencia de lo que ocurre con la violencia armada, la corrupción ha operado históricamente como un factor de movilización a favor de opciones políticas específicas. Un ejemplo de ello se consolidó en los comicios de 2018. Datos estadísticos oficiales han colocado consistentemente a las irregularidades gubernamentales entre las principales inquietudes ciudadanas desde 2011, un descontento que distintas fuerzas políticas supieron canalizar al ofrecer un discurso con responsables identificados y soluciones claras.
Esta dinámica favorece la estabilidad de las fuerzas oficialistas de cara a futuros procesos electorales, ya que pueden absorber el desgaste derivado de la percepción de corrupción ante la ausencia de una oposición con la autoridad moral necesaria para abanderar dicha causa de manera creíble. Por el contrario, al carecer la inseguridad de un interlocutor político directo en el debate público, su principal consecuencia seguirá siendo la abstención. Para los partidos en el poder, la violencia representa un fenómeno que aleja al ciudadano de la casilla electoral antes de transformarlo en un adversario político.
