A Humberto Musacchio
El martes pasado los demócratas recuperaron las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y llevaron a gubernaturas y curules un mosaico que retrata la multiculturalidad del país. Analistas atribuyen el castigo a Trump a la carestía provocada por la guerra de Irán, a campañas y candidaturas demócratas acertadas, a la dureza de la persecución del ICE y, por primera vez, a la corrupción del presidente, su familia y la oligarquía que lo acompaña. El dato sorprende porque ese factor rara vez decide una elección.
España llega al 29 de noviembre con escándalos que rondan por igual al entorno de Pedro Sánchez y al de Isabel Díaz Ayuso. En Francia, Marine Le Pen fue condenada por malversar fondos del Parlamento Europeo; la apelación confirmó en julio su culpabilidad, pero recortó la inhabilitación y le permitió hacer campaña. Hoy lidera las encuestas.
En Italia, el arresto de Giovanni Toti por canjear concesiones portuarias por financiamiento electoral forzó elecciones anticipadas en Liguria; las ganó su propia coalición. En Serbia, en cambio, la corrupción en la obra pública y las denuncias de compra de votos nutrieron un movimiento estudiantil que derrotó en las urnas al partido de Aleksandar Vučić. Falta espacio para abordar los casos de soborno y fraude de Netanyahu, el lavado de dinero de Bolsonaro o la tragicomedia de Guadalupe Taddei.
Un mismo delito, consecuencias opuestas. En política, la corrupción no siempre mata electoralmente. En demasiadas ocasiones, los escándalos que genera son absorbidos por el mismo ciclo de noticias.
El castigo lo administran los electores con criterios distintos a los del Código Penal. Piénsese en el electorado como un detector de humo que solo se activa si se cumplen cuatro condiciones: que el hecho sea visible, que se lea como abuso moral o daño colectivo, que la responsabilidad recaiga con claridad sobre un gobierno o partido en el poder, y que exista una alternativa política creíble. Si falla una, el humo se acaba dispersando sin activar la alarma. Por eso la corrupción objetiva no equivale a la percibida ni a la electoralmente relevante: un país puede vivir con la sensación de que “todo está podrido” y castigar poco, porque la sospecha difusa no señala a nadie o señala a todos.
Aquí interviene el encuadre o framing. Un mismo hecho puede presentarse como corrupción, error administrativo, persecución política, lawfare o práctica normalizada, con efectos distintos. Medios, partidos y voceros compiten por imponer su marco, y no gana el más preciso, sino el más compatible con lo que el público ya cree.
La atribución es el eslabón más frágil. El federalismo mexicano, con tres órdenes de gobierno y mayorías cruzadas, permite diluir culpas: un escándalo en una alcaldía puede cobrársele al gobernador de otro partido, o a la presidencia, si el marco dominante lo presenta como síntoma del sistema. Los electores deciden con atajos, y el más común consiste en cargar la cuenta a quien ocupa el puesto más visible, tenga o no responsabilidad directa. A veces, incluso, las comunidades toleran prácticas irregulares cuando de ellas salen obras, empleos o apoyos. No es ceguera moral, sino un cálculo entre beneficios tangibles y costos difusos.
La identificación partidista cierra el circuito: en contextos polarizados, el escándalo propio se lee como calumnia y el ajeno como confirmación. Cuando la indignación cruza las trincheras, necesita una salida. Liguria y Serbia marcan la diferencia: con una oposición sin credibilidad, el descontento se vuelve abstención; con una alternativa nueva, derrota. Y el discurso anticorrupción se usa como arma selectiva, lo mismo desde el gobierno que desde la oposición.
En México, convertir la Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno fue una apuesta con cuatro desafíos: prevenir, detectar, sancionar la corrupción y corregir las condiciones que la incitan, sin paralizar la operación del gobierno. Si solo encuentra culpables en administraciones pasadas o en adversarios, será parte del encuadre y no del remedio. Su credibilidad se medirá cuando desactive la corrupción de ventanilla que el ciudadano padece a diario, resuelva casos graves dentro de casa y demuestre que vigilar no equivale a frenar. La obra pública y los programas deben avanzar, sin desvíos. La apuesta se reforzará si se aprueba el paquete anticorrupción actualmente en el Congreso.
Escándalos habrá siempre. La democracia no depende de su ausencia, sino de que el detector funcione: que el ciudadano reconozca el humo, ubique el incendio y tenga una puerta por la cual salir.
Lectura sugerida: “La Corrupción. Lecturas desde el pensamiento político contemporáneo” de Isabel Wences (Comares).
