La rutina laboral contemporánea depende en gran medida de herramientas ofimáticas tan interiorizadas que rara vez se evalúa su peso estructural: plantillas estandarizadas, formatos universales y dinámicas operativas consolidadas a lo largo de décadas. Por esta razón, cuando una institución estatal intenta prescindir de estos cimientos privativos, la teoría suele estrellarse contra la fricción del día a día. Esto fue precisamente lo que experimentó el gobierno de Dinamarca en su intento por sustituir las aplicaciones de Microsoft.
El nacimiento de una prueba piloto hacia la independencia tecnológica
La estrategia comenzó formalmente como un experimento el 19 de junio de 2025 en el entonces Ministerio de Digitalización danés. En esa fase inicial, un equipo compuesto por 38 empleados comenzó a redactar documentos y gestionar hojas de cálculo mediante un módulo sustentado en Collabora, una suite de código abierto derivada de LibreOffice. Esta tecnología se acopló directamente a F2, la plataforma de expedientes gestionada por la firma cBrain, con el propósito de comprobar si las labores administrativas cotidianas podían ejecutarse sin depender de licencias comerciales cerradas.
Detrás de esta maniobra no existía un conflicto técnico con herramientas tradicionales como Word o Excel, sino una directriz estrictamente geopolítica enfocada en la soberanía digital. La entonces ministra Caroline Stage impulsó la iniciativa con el objetivo de recortar la dependencia que las dependencias públicas tienen respecto a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Su planteamiento inicial contemplaba extender esta sustitución a todo el ministerio antes de finalizar el año 2025.
Problemas de formato, tipografías ausentes y errores críticos
A pesar de las intenciones políticas, la integración técnica chocó de inmediato con los requerimientos documentales ordinarios. Diversos expedientes internos y comunicaciones filtrados al medio danés Ingeniøren evidenciaron que los usuarios sufrieron fallas constantes en el diseño y la maquetación. Entre los incidentes más destacados figuraba la exigencia institucional de utilizar la tipografía Georgia, la cual no venía instalada por defecto en el software libre.
Asimismo, los funcionarios reportaron saltos de página imprevistos, activación espontánea de negritas sin la intervención del operador y documentos que se desplegaban completamente vacíos. Estos fallos operativos terminaron por obstaculizar la revisión y validación de acuerdos e informes oficiales dentro de la administración pública.
El ocaso del proyecto y los nuevos horizontes del sector público
Atrapado entre los inconvenientes de compatibilidad y la inestabilidad del calendario político, el proyecto perdió impulso de manera paulatina. Aunque el equipo piloto continuó utilizando Collabora durante los primeros meses de 2026, la convocatoria a elecciones y la subsecuente reconfiguración ministerial terminaron por cancelar la iniciativa de forma definitiva. La herramienta fue retirada por completo y un portavoz del ministerio confirmó posteriormente que no llegó a realizarse la evaluación prevista para medir los resultados del programa en octubre de 2025.
Pese a este tropiezo inicial, el Estado danés no ha descartado por completo el uso de alternativas libres. Paralelamente, la Autoridad de Seguridad Vial se ha integrado en SIA Open, un programa alternativo impulsado por Statens IT para consolidar un entorno laboral basado exclusivamente en tecnologías abiertas. En sintonía con estos esfuerzos, la Agencia de Gobierno Digital ratificó la asignación de 80 millones de coronas destinados a financiar un plan integral de soberanía digital que se desarrollará entre 2026 y 2029.
