Abrir la llave para realizar actividades básicas como cocinar, lavar la ropa o asearse se ha convertido en una fuente constante de preocupación para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Desde el año 2020, miles de hogares reciben un suministro caracterizado por su aspecto amarillento, consistencia turbia y un desagradable aroma que recuerda al drenaje, marcando el inicio de una prolongada emergencia sanitaria.
El detonante y los primeros reportes de líquido contaminado
Durante los meses más críticos de la pandemia por Covid-19, las quejas ciudadanas comenzaron a multiplicarse exponencialmente. Informes oficiales de la época revelaron que el número de sectores afectados pasó de 126 colonias en 2019 a 140 colonias al año siguiente. Demarcaciones como Del Fresno, Miraflores, Colinas de la Normal y Jardines Alcalde encabezaron los reportes de lodo, tierra y pestilencia en las tuberías.
Frente a las reclamaciones por daños en electrodomésticos y sistemas de filtración, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) atribuyó las fallas a la disminución de reservas y a la postergación de labores de mantenimiento preventivo para evitar cortes masivos. Asimismo, el organismo señaló que los caudales abiertos de Atequiza y Las Pintas sufrían alteraciones constantes debido a descargas municipales y residuos agrícolas.
No obstante, estudios independientes realizados en laboratorios especializados desmintieron la seguridad del recurso hídrico. Un análisis solicitado por vecinos de Miraflores detectó millones de bacterias coliformes totales y presencia masiva de E. coli, lo que evidenciaba que el líquido era totalmente inadecuado para el consumo humano, a pesar de que las autoridades sanitarias locales reportaban parámetros aceptables en algunas de sus evaluaciones.
Escasez severa y respuestas institucionales insuficientes
Para 2021, la problemática evolucionó hacia un desabasto generalizado. Tras el cierre temporal de válvulas en la presa Elías González Chávez debido a niveles insuficientes de lluvia y una demanda disparada por la crisis sanitaria, decenas de sectores sufrieron intermitencias prolongadas. Diversas comunidades denunciaron carecer del recurso vital durante semanas, obligando al SIAPA a implementar esquemas emergentes de distribución mediante pipas y un sistema rotativo de tandeos.
Las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco señalaron omisiones graves y falta de planeación por parte de las dependencias encargadas. Sin embargo, las acciones correctivas brillaron por su ausencia, profundizando el descontento social ante instituciones que intercambiaban señalamientos sin ofrecer soluciones definitivas.
Comparecencias polémicas y hallazgos bacteriológicos
En noviembre de 2023, la tensión escaló cuando el entonces director del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, compareció ante el Congreso estatal. Durante su intervención, el funcionario apuntó que el conflicto radicaba en la obsolescencia del drenaje y de las redes de distribución de hierro fundido con más de 25 años de antigüedad que acumulaban sedimentos. Como acto de protesta ante la minimización del problema, una legisladora lo retó a beber un vaso del líquido corriente, evidenciando la contradicción de admitir públicamente que este no era potable.
La situación empeoró en 2025, cuando el propio operador del agua documentó la presencia de bacterias coliformes en al menos 15 ocasiones dentro de las redes domiciliarias. Pese a estas cifras, las instancias gubernamentales descartaron reiteradamente la declaratoria de una alerta sanitaria, argumentando que los monitoreos generales se mantenían dentro de los márgenes permitidos por la normativa.
El punto de quiebre y las acciones gubernamentales recientes
La acumulación de años de frustración desembocó en movilizaciones multitudinarias. Recientemente, el gobernador Pablo Lemus admitió públicamente la magnitud del conflicto y anunció la suspensión temporal, por un lapso de seis meses, del uso de agua proveniente del sistema antiguo de Chapala que alimenta la presa Las Pintas, implementando tandeos obligatorios en la región.
Como parte de las estrategias a largo plazo, el ejecutivo estatal presentó una propuesta legislativa para concretar el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, un proyecto que contempla una inversión mixta de 18 mil millones de pesos. Sin embargo, el malestar ciudadano persiste ante el temor de un incremento en las tarifas y las recientes tensiones derivadas de las protestas sociales en demanda de un derecho humano básico y seguro.
