La situación política y administrativa en el municipio oaxaqueño atraviesa momentos de profunda incertidumbre luego de que, tras cumplirse más de 24 horas de la privación de la libertad del presidente municipal Miguel «N», las autoridades locales aún no hayan determinado quién asumirá el control de la demarcación. La problemática se agrava debido a que el funcionario sustituto legal, Mariano Rosado López, se encuentra ilocalizable y evadido de la justicia tras un operativo policial.
Rosado López figuraba formalmente ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca como el reemplazo oficial del edil titular, integrando la fórmula ganadora de los comicios locales de 2024 bajo la coalición conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Oaxaca.
El operativo y la postura del suplente
Durante la noche del pasado miércoles, el propio Rosado emitió un pronunciamiento público mediante un comunicado en el que confirmó la incursión de las fuerzas del orden en su propiedad particular. En el documento indicó que interpondría los recursos legales necesarios para esclarecer las razones del operativo y sostuvo que, desde su incursión en la función pública, ha sido blanco constante de intimidaciones y advertencias.
Pese a este pronunciamiento, el político omitió señalar su paradero geográfico y evitó cualquier tipo de comparecencia ante la opinión pública. Reportes extraoficiales apuntan a que Rosado formaría parte de los objetivos principales de las instituciones de seguridad y que presuntamente existiría un mandato judicial privativo de la libertad en su contra, aunque ninguna fuente oficial ha validado esta versión hasta el momento.
Por su parte, el reporte oficial emitido por el Gabinete de Seguridad respecto a las aprehensiones del munícipe y de Carlos Alberto N, apodado «La Parca», omitió hacer alusión a Rosado López o confirmar la existencia de una orden de captura hacia su persona.
Trayectoria y antecedentes políticos en el Ayuntamiento
El suplente no es ajeno a la administración local, pues ha desempeñado diversas responsabilidades dentro del aparato gubernamental de Juchitán, tales como síndico hacendario y secretario municipal en gestiones anteriores.
Al arrancar la administración vigente correspondiente al lapso 2025-2027, asumió nuevamente la Secretaría Municipal; sin embargo, optó por separarse del puesto el pasado 12 de agosto mediante una renuncia formal, momento en el cual el cuerpo edilicio designó a Fernando Santos Villalobos para ocupar dicho espacio.
Ante la actual coyuntura, los regidores han optado por guardar silencio y evitar posturas definitivas sobre el relevo presidencial, a la espera de directrices provenientes de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca. Cabe destacar que el Cabildo cuenta con figuras como la síndica procuradora Zoila Sánchez Altamirano y el síndico hacendario Ángel Terán Matus, ninguno de los cuales ha sido postulado de manera formal para tomar las riendas del gobierno local.
El marco legal ante la ausencia de autoridades
De acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, la existencia de una orden de captura en contra de un miembro del Ayuntamiento representa una causal de carácter grave que amerita la suspensión de su cargo. No obstante, la facultad exclusiva para dictaminar dicha suspensión o una eventual revocación recae en el Congreso local.
Asimismo, la normativa prevé que el suplente deba tomar posesión de la presidencia municipal ante faltas temporales o definitivas. En los escenarios donde el relevo se encuentre imposibilitado o rechace el encargo, el propio Ayuntamiento cuenta con la facultad de nombrar a uno de sus concejales; de no alcanzarse un consenso, la resolución se turna directamente al Poder Legislativo.
Hasta el transcurso del jueves, el Congreso del Estado no había emitido resoluciones o normativas específicas sobre la vacante generada, mientras que la administración estatal se limitó a señalar que mantiene canales de diálogo con el gobierno municipal con el propósito de garantizar la gobernabilidad, sin clarificar qué persona ejercerá las funciones ejecutivas locales.
Motivos de la intervención federal y estatal
La aprehensión del presidente municipal ocurrió en el marco de un despliegue táctico coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en conjunto con corporaciones estatales.
Tanto el edil como Carlos Alberto N cuentan con mandamientos judiciales vigentes por los probables delitos de extorsión agravada y atentados contra la seguridad de la entidad. Con la detención del alcalde y la ausencia prolongada de su suplente, el municipio enfrenta un vacío de poder que urge ser atendido por las instancias competentes.
