Dos ciudadanos de nacionalidad mexicana decidieron aceptar su culpabilidad frente a una corte federal en Estados Unidos, tras enfrentar graves acusaciones vinculadas con el trasiego internacional de sustancias ilícitas, armamento de alto poder y migrantes, además de colaborar activamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los implicados en este proceso judicial fueron identificados como María del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, y Gustavo Castro-Medina, de 29. Ambos reconocieron formalmente su intervención en esquemas transfronterizos destinados a internar drogas y personas hacia territorio estadounidense, así como a proveer armAMENTO destinado a las estructuras delictivas en México.
Información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que la mujer concertó acciones con terceros para abastecer logísticamente al mencionado grupo criminal mediante la adquisición clandestina de pertrechos militares en el país vecino.
Asimismo, la procesada admitió tener pleno conocimiento sobre las prácticas violentas ejecutadas por dicha facción criminal, las cuales incluían homicidios, secuestros y el despliegue de artefactos explosivos y armamento especializado.
Negociación de fusiles de asalto y rifles de alta potencia
Durante las investigaciones federales se documentó que, en agosto de 2023, la acusada sostuvo negociaciones con agentes encubiertos para concretar la adquisición de 20 armas tipo AK-47 y dos rifles calibre .50.
Los artefactos bélicos tendrían como destino final el territorio mexicano, donde serían empleados por células operativas para respaldar el contrabando de narcóticos hacia el mercado estadounidense.
Por su parte, el coacusado intervino directamente como enlace en la transacción ilícita. Las indagatorias confirmaron que facilitó un depósito inicial por un monto de 3 mil dólares dirigido a uno de los agentes encubiertos como adelanto por el cargamento.
El valor total acordado por el armamento ascendía a 66 mil dólares. Hacia finales de agosto de ese mismo año, otros colaboradores se presentaron en un punto pactado dentro de la ciudad fronteriza con los 63 mil dólares restantes para finiquitar la operación.
Una vez completado el intercambio monetario, los efectivos encubiertos procedieron a la entrega del material bélico, lo que derivó en el arresto de los involucrados.
Two Mexican nationals pleaded guilty today to multiple charges including alien smuggling and providing material support to a designated foreign terrorist organization, specifically, Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).
“The defendants smuggled methamphetamine and aliens… pic.twitter.com/jXIENr9AvQ
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 27, 2026
Decomiso histórico de metanfetamina en Texas
El expediente judicial también relaciona al coacusado con un aseguramiento masivo de sustancias prohibidas registrado a finales de 2020 en las inmediaciones de Sierra Blanca, Texas.
En aquella ocasión, elementos de la Patrulla Fronteriza interceptaron al individuo mientras operaba un automóvil Nissan Sentra sobre las rutas de la región.
Tras una revisión exhaustiva a la unidad, los uniformados descubrieron diversos compartimentos modificados que ocultaban un cargamento ilícito.
Los envoltorios, sellados con cinta adhesiva y impregnados con líquido de transmisión para despistar a los canes entrenados, contenían un peso total de 36.36 kilogramos de metanfetamina.
Actividades de tráfico de personas y bases operativas
Además de las imputaciones por armas y narcóticos, la imputada confesó haber contratado redes de traficantes de migrantes para facilitar el cruce irregular de personas desde México hacia Estados Unidos.
Los reportes ministeriales indican que al menos uno de los operadores administraba inmuebles controlados por la procesada en El Paso, sitios que funcionaban como bodegas clandestinas para resguardar tanto armamento como cargamentos de drogas.
Ambos ciudadanos fueron formalmente inculpados junto con otros presuntos operadores durante abril de 2025. Posteriormente, el gobierno mexicano autorizó su extradición para que respondieran ante los tribunales norteamericanos.
Panorama legal y posibles condenas
La procesada aceptó su responsabilidad penal en cuatro cargos distintos, los cuales comprenden la posesión de metanfetamina con fines de distribución, conspiración para el tráfico ilegal de armas, asociación delictuosa para el ingreso clandestino de personas y colaboración material con una organización criminal extranjera.
En tanto, el segundo implicado se declaró culpable de posesión de metanfetamina con propósitos comerciales y conspiración en el comercio ilegal de armamento.
Hasta el momento, los tribunales no han fijado una fecha para la audiencia de lectura de sentencia. Sin embargo, las autoridades judiciales recordaron que ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
