El centro de operaciones y lavado de dinero en Nuevo Laredo
Un establecimiento que combinaba la gastronomía local con eventos ecuestres y apuestas clandestinas se convirtió en el epicentro de las investigaciones internacionales en la frontera norte mexicana. Las instalaciones de un conocido complejo recreativo fueron señaladas por autoridades extranjeras como una pieza clave dentro de las redes financieras de una de las organizaciones criminales más influyentes de la región.
De acuerdo con la información emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, este complejo multifuncional funcionaba bajo el control directo de operadores vinculados a las altas esferas delictivas. Los reportes oficiales apuntan a que los hermanos identificados como Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, conocido como el Z-42 —ambos capturados por las fuerzas de seguridad en años anteriores—, mantuvieron el control de la estructura junto con diversos cómplices.
Las indagatorias revelaron que el recinto operaba de manera constante para inyectar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero formal. El hipódromo más destacado de Nuevo Laredo genera ingresos para el CDN al cobrar cuotas de entrada tanto a quienes compiten con sus caballos en la pista como a los espectadores, puntualizó el organismo estadounidense al detallar el funcionamiento de este punto de reunión.
Atractivos culinarios y eventos familiares bajo la sombra del crimen
Situado estratégicamente en las inmediaciones del kilómetro 24 de la carretera que conecta a Nuevo Laredo con Monterrey, el establecimiento operaba a las afueras del perímetro urbano y a escasos metros de un puesto de control migratorio. Lejos de aparentar ser un sitio clandestino, el lugar promocionaba activamente sus servicios a través de plataformas digitales, donde presumía un ambiente completamente familiar y una amplia oferta gastronómica.
Entre sus ganchos comerciales destacaba una promoción de desayunos y comidas bajo el formato de barra libre. Por un costo de 149 pesos por persona, los comensales podían consumir alimentos ilimitadamente en un horario de lunes a sábado desde las 8:00 hasta las 19:00 horas, según constaba en sus convocatorias públicas. La oferta incluía platillos tradicionales como chilaquiles, frijoles refritos, huevos, diversas guarniciones de papa, cortes de carne y bebidas ilimitadas.
Asimismo, el complejo organizaba festividades temáticas y competencias hípicas. Convocatorias recientes difundidas en internet detallaban justas deportivas entre ejemplares equinos de cuadras reconocidas de la región, donde el acceso al público general rondaba los 200 pesos por asistente, fomentando la asistencia masiva durante los fines de semana con la promesa de convivencias al aire libre y áreas recreativas infantiles.
Temor vecinal y el cerco financiero internacional
Para la comunidad local, la reactivación de este inmueble representó una fuente latente de inquietud. Testimonios de residentes que solicitaron el anonimato por razones de seguridad indicaron que, tras la aprehensión de los líderes históricos del grupo criminal, el lugar permaneció inactivo durante aproximadamente una década, hasta que hace unos tres años comenzaron a registrarse labores de remodelación y un flujo constante de vehículos de reciente modelo.
Los pobladores optaron por mantenerse alejados del perímetro debido al clima de inseguridad que impera en la zona. Si no tienes por qué pasar por allí es mejor no hacerlo, comentó un vecino al describir la atmósfera que rodeaba al recinto durante los días de mayor afluencia, que coincidían principalmente con los fines de semana y las horas vespertinas en las que se desarrollaban las carreras.
Las medidas restrictivas no se hicieron esperar. Además de los señalamientos de la OFAC sobre las competencias de caballos cuarto de milla, el complejo guardaba relación operativa con otros negocios locales, como un casino de la misma demarcación cuyas puertas fueron cerradas meses atrás. Como respuesta a estas operaciones, instancias nacionales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Gobernación implementaron acciones contundentes para frenar las actividades de estas entidades comerciales ligadas al Cártel del Noreste.
