Aprobación de la Ley de Derechos 2027 tras prolongado debate
Tras una maratónica sesión que se prolongó por ocho horas, el Pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde al dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2027. La propuesta, impulsada por el bloque oficialista, contempla modificaciones en las tarifas aplicables a distintos bienes del dominio público, abarcando sectores como el turismo, la aviación, los ferrocarriles y los servicios consulares.
El documento legislativo recibió 329 votos a favor por parte de Morena y sus aliados frente a 117 en contra de la oposición durante su votación en lo general. Posteriormente, el articulado fue respaldado por 339 votos en lo particular. Con este paso superado, el proyecto fue turnado formalmente al Senado de la República para su análisis y votación definitiva.
De acuerdo con las proyecciones integradas en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2027, la recaudación por concepto de derechos se estima en MXN$177.185 millones. Dicha cifra representa un incremento nominal cercano al 13% en comparación con los recursos autorizados para el periodo anterior.
Justificación oficial y críticas de la oposición
Durante la defensa del dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado morenista Carol Altamirano, argumentó que las modificaciones tarifarias responden a una actualización basada en los gastos reales que implican las gestiones gubernamentales, buscando subsanar distorsiones históricas en los procesos.
“No se propone una actualización indiscriminada, sino ajustes asociados a servicios y aprovechamientos concretos”, sostuvo.
En la acera de enfrente, las bancadas opositoras manifestaron su rechazo. El coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, exigió frenar la discusión al advertir que las nuevas tarifas daña la competitividad del sector turístico nacional al encarecer la llegada de viajeros internacionales.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, cuestionó el destino de los recursos adicionales y exigió mayor transparencia sobre la optimización de los trámites, tachando algunas alzas de excesivas y recaudatorias.
Modificaciones clave en tarifas y gravámenes
El esquema aprobado rediseña el costo de múltiples gestiones y permisos gubernamentales. Uno de los puntos más álgidos fue el Derecho de No Residente (DNR), aplicable a turistas extranjeros. Aunque la intención inicial contemplaba elevarlo a MXN$1.334 desde los actuales MXN$983, las presiones del sector turístico propiciaron un ajuste a la baja para fijarlo en MXN$1.158, lo que equivale a un incremento del 17,8%.
Los ingresos recaudados por este concepto se distribuirán de la siguiente manera: el 57% irá para la Secretaría de la Defensa Nacional, el 15% al Instituto Nacional de Migración y el 28% restante a la Tesorería de la Federación.
Asimismo, los derechos por el uso del espacio aéreo registrarán un incremento del 10%. En el sector ferroviario, se fijó una tasa del 3% sobre los ingresos brutos a partir del décimo sexto año de vigencia de las concesiones, sustituyendo el anterior 1,25%.
En el ámbito migratorio, las visas ordinarias experimentarán un repunte del 66%, mientras que los visados de larga duración para visitantes sin permiso de actividades remuneradas treparán un 153%, estableciendo una tarifa única de MXN$1.639.
Otros rubros muestran alzas exponenciales, tal es el caso de las licencias para servicios de transfusión sanguínea, cuyo valor pasará de aproximadamente MXN$1.482 a superar los MXN$17.349, multiplicando su costo por más de 11 veces. En tanto, los permisos para constituir fideicomisos bajo la Ley de Inversión Extranjera escalarán a MXN$27,000.
Finalmente, se contemplaron ajustes en materia hídrica para prórrogas de concesiones de descargas de aguas residuales, tarifas en el sector financiero, ambiental y forestal, además de la creación de un nuevo derecho para la modificación del registro previo de armas de fuego. Como contraparte, se avaló una exención dominical para visitantes nacionales y extranjeros residentes que acudan a Áreas Naturales Protegidas con zonas arqueológicas o museos.
