Avala el Congreso salida de Mónica Soto del Tribunal Electoral entre fuertes críticas de la oposición
Durante la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el bloque oficialista aprobó de manera acelerada la dimisión de Mónica Soto al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con una dinámica calificada como urgente, la mayoría parlamentaria sacó adelante el trámite a pesar de la firme negativa de las bancadas opositoras.
Cuestionan el procedimiento y la falta de justificación legal
Los legisladores pertenecientes a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano manifestaron su total desacuerdo con la forma en que se condujo el proceso. Acusaron que la salida de la jurista se procesó mediante un esquema legislativo apresurado, sin el análisis previo en comisiones y carente de la debida transparencia que un asunto de esta magnitud requiere para garantizar la certeza institucional.
Desde la perspectiva de los grupos parlamentarios contrarios al oficialismo, la separación del cargo carece del fundamento indispensable que exige la ley. Argumentaron que no existe una causa grave que respalde y justifique jurídicamente la renuncia de la togada, convirtiendo la decisión en un acto arbitrario avalado por la fuerza numérica en el recinto legislativo.
Votación cerrada y postura del bloque oficialista
Tras una discusión ríspida en la que se hicieronevidentes las posturas encontradas sobre el rumbo de los órganos de justicia del país, el dictamen relativo a la baja de la magistrada se avaló contabilizando 26 votos a favor, cinco votos en contra y cinco abstenciones.
Ante los cuestionamientos sobre la gobernabilidad y el funcionamiento operativo del máximo tribunal electoral del país, los representantes de las fuerzas oficialistas defendieron la determinación. Sostuvieron que la institución puede funcionar hasta con cinco de los siete magistrados contemplados en su estructura original, restando gravedad a la vacante generada tras la previa salida de la magistrada Janine Otálora, ocurrida en octubre del año previo.
Acusaciones de pactos políticos y supuestos favores
Por otro lado, los legisladores de oposición no escatimaron en señalamientos directos hacia la mayoría parlamentaria y la propia funcionaria judicial, vinculando su partida con decisiones previas tomadas al interior del tribunal electoral durante procesos comiciales anteriores.
La senadora priista Carolina Viggiano denunció en tribuna que “no se cumple con la Constitución porque no hay ninguna causa grave que justifique su renuncia; su única causa grave es haber traicionado al pueblo de México al avalar los ‘acordeones’ que Morena usó para la elección del Poder Judicial”. Asimismo, la legisladora cuestionó el destino futuro de la funcionaria al cuestionar sobre su posible asignación a un cargo diplomático, y remató señalando que la Constitución fue vulnerada mediante una mayoría que, a su juicio, ha cooptado al sistema de justicia electoral.


