Defensa mediática y advertencias sobre el caso
El escándalo en torno a la red de contrabando y distribución ilegal de hidrocarburos continúa generando reacciones en el ámbito político y judicial mexicano. Mónica Gámez, pareja sentimental del excontralmirante Fernando ‘N’, aseguró recientemente disponer de elementos probatorios que respaldan la versión de que su cónyuge alertó de manera directa al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, acerca de las irregularidades detectadas en las aduanas del país.
De acuerdo con la postura de la familia, el exmandando naval se encontraba completamente ajeno a las operaciones ilícitas que se investigan. Ante este escenario, Gámez sostuvo que el exservidor público procedió a notificar a sus superiores jerárquicos sobre las anomalías para deslindar responsabilidades de forma oportuna y transparente.
“Él cumplió con avisar y que ellos se entiendan y ellos vean qué van a hacer. Tan deslindado está de todo que dijo: ‘Yo te pongo con mi tío, tú le expones y que él vea qué hacer’. Tengo las pruebas de que mi esposo fue el que le avisó al tío”, expresó Gámez durante una intervención radiofónica con la periodista Azucena Uresti.
Las declaraciones públicas de Mónica Gámez se han intensificado tras la deportación y el posterior traslado de Fernando ‘N’ desde Argentina hacia territorio mexicano. Sin embargo, esta exposición mediática ha traído consigo consecuencias colaterales, pues la mujer denunció de manera pública que ha sido objeto de intimidaciones y de una estrecha vigilancia policial en el estado de Sonora, situaciones que la han llevado a manifestar temor por la seguridad e integridad de sus seres queridos.
Dictan formal prisión al excontralmirante
Paralelamente a las declaraciones de su defensa, la situación jurídica del exmarino dio un giro definitivo este jueves cuando un juez de control resolvió dictarle el auto de vinculación a proceso a Fernando ‘N’ por su presunta participación en los delitos asociados al esquema de contrabando de energéticos conocido popularmente como huachicol fiscal.
Durante la audiencia inicial, los representantes sociales de la Fiscalía General de la República expusieron los indicios recabados en la carpeta de investigación, logrando convencer al impartidor de justicia de otorgar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las indagatorias complementarias.
Como parte de esta determinación judicial, Fernando ‘N’ fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido formalmente como el penal del ‘Altiplano’, situado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. No obstante, las autoridades recordaron que el imputado mantiene el estatus jurídico de inocente en tanto no se emita una sentencia condenatoria por parte del órgano jurisdiccional correspondiente.
En ese mismo centro de reclusión de máxima seguridad se encuentra internado Manuel Roberto ‘N’, hermano del excontralmirante, quien es señalado por las autoridades ministeriales como uno de los principales cabecillas de la red criminal que operaba el huachicol fiscal en diversas regiones del territorio nacional. Dicho sujeto fue capturado previamente en septiembre y vinculado a proceso bajo cargos de delincuencia organizada.
La postura oficial ante los señalamientos
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República ha evitado emitir citatorios para que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, comparezca ante las autoridades ministeriales para responder sobre los avisos que presuntamente le hicieron llegar los hermanos investigados durante la administración federal pasada.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas conferencias de prensa que las indagatorias y las denuncias originales partieron de los propios mandos institucionales de la Secretaría de Marina, deslindando al Gobierno federal de encubrimientos y enfatizando que la responsabilidad penal debe ser definida estrictamente por los tribunales.
El expediente judicial continúa sumando ramificaciones y acumula ya una veintena de personas detenidas, entre las que figuran elementos activos y retirados de la fuerza naval, funcionarios aduaneros y empresarios presuntamente coludidos en el esquema de defraudación fiscal y contrabando de combustibles.
