Avanza en el Congreso la tipificación del reclutamiento criminal
El poder legislativo mexicano ha dado un paso fundamental en la estrategia de seguridad nacional. La Cámara de Diputados respaldó de manera unidireccional, acumulando 419 votos, una serie de modificaciones legales diseñadas para castigar con severidad a quienes obliguen a ciudadanos a integrarse en estructuras delictivas. La iniciativa contempla sanciones corporales que alcanzan los 25 años de prisión al acumularse agravantes específicas, turnándose el proyecto al Senado de la República para continuar con su trámite constitucional.
La normativa modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas mediante la integración de un nuevo apartado normativo. El texto define sanciones de 10 a 20 años de cárcel para los infractores que utilicen medios físicos o digitales en la captación, elevando la sanción a un rango de 15 a 25 años si se demuestra el uso de intimidación, coacción o abuso de autoridad durante el proceso.
Sanciones agravadas para funcionarios y protección a comunidades
El dictamen aprobado también contempla castigos más severos cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, se encuentren en condición de movilidad humana, o bien, si los perpetradores formaron parte de corporaciones de seguridad o de las Fuerzas Armadas. En estos supuestos, la ley prevé la inmediata destitución e inhabilitación de los servidores públicos involucrados.
#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos… pic.twitter.com/Iej287a8IX
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 20, 2026
La necesidad de cerrar vacíos legales
Durante la deliberación en el pleno, la diputada Elena Edith Segura Trejo enfatizó que la ausencia de un tipo penal autónomo dificultaba severamente la identificación y persecución de estas conductas ilícitas. Señaló que anteriormente los casos debían investigarse bajo figuras dispersas como secuestro, desaparición o delincuencia organizada, lo que fragmentaba las indagatorias.
La legisladora detalló que los grupos criminales suelen emplear engaños, falsas ofertas laborales y violencia para aprovecharse de las condiciones de pobreza y marginación que padecen diversas comunidades. Asimismo, advirtió sobre la urgencia de esclarecer los mecanismos de captación cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
El peligro de las falsas ofertas laborales
Por su parte, el diputado José Guillermo Anaya Llamas alertó sobre las estrategias modernas de reclutamiento que utilizan plataformas digitales y anuncios engañosos para enganchar a la juventud. El legislador recordó el profundo impacto emocional que estas prácticas generan en los núcleos familiares, quienes pueden pasar años sin noticias de sus seres queridos.
Denuncian la incorporación de menores de edad
En el debate, la diputada Lilia Aguilar Gil expuso que esta problemática impacta con fuerza en estados como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, advirtiendo sobre casos alarmantes donde se incorpora a menores de apenas siete años a actividades ilícitas.
Detalló que en regiones serranas algunos menores son empleados en labores relacionadas con cultivos ilícitos debido a su conocimiento del terreno, recalcando que deben ser considerados estrictamente como víctimas y no como criminales. Tras la aprobación federal, se estableció un plazo de 180 días naturales para que los congresos estatales armonicen su normatividad local con el nuevo decreto.
