A 12 años de la tragedia que marcó a la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Guerrero, diversas organizaciones protectoras de derechos humanos alertan sobre los graves obstáculos institucionales que continúan impidiendo el total esclarecimiento de los hechos y la delimitación de responsabilidades penales.
El persistente bloqueo de archivos militares clave
Mediante un pronunciamiento oficial, la representación nacional de Amnistía Internacional señaló que uno de los mayores rezagos en la indagatoria es la retención de documentos que permanecen bajo el resguardo absoluto del Ejército Mexicano, desatendiendo de esta manera las disposiciones judiciales emitidas para colaborar con la causa.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, puntualizó que los parientes de las víctimas han insistido de manera constante en la apertura de la totalidad de los archivos recopilados a lo largo de 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), operado desde la región de Iguala.
Dicha petición abarca de forma específica un bloque de 853 folios que han sido reclamados de manera reiterada tanto por los núcleos familiares como por colectivos sociales y los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Cabe recordar que la obligación de transparentar estos expedientes fue ordenada formalmente por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al resolver el juicio de amparo 1350/2023. No obstante, la organización defensora de derechos humanos enfatiza que las fuerzas castrenses todavía no han liberado la totalidad de los papeles requeridos por la ley.
Evidencia destruida y la urgencia de romper la impunidad
Durante la conclusión de su mandato en el país el 31 de julio de 2023, el GIEI advirtió públicamente que los datos proporcionados a las instancias oficiales eran fragmentarios y que existían registros ocultos sobre la captura y el desplazamiento de los normalistas que debían sumarse de inmediato a los operativos de búsqueda.
Para Olivares Ferreto, garantizar el acceso transparente a los archivos es un requisito indispensable para fincar responsabilidades directas al Estado mexicano ante esta grave violación a los derechos humanos caracterizada como desaparición forzada.
Asimismo, el organismo denunció la destrucción deliberada de registros audiovisuales captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. De acuerdo con los reportes analizados, la supresión de estos elementos probatorios habría sido instruida por el exgobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, en complicidad con otros actores gubernamentales.
Ante este escenario, la institución exigió que la eliminación de pruebas y las posibles redes de protección sean investigadas a fondo para castigar cualquier intento de encubrimiento institucional.
Llamado internacional a favor de la justicia
La organización internacional recordó que las autoridades mexicanas tienen el deber ineludible bajo las normativas globales de agotar todas las líneas de investigación necesarias para dar con el paradero de los jóvenes y someter a juicio ante tribunales civiles a todos los implicados.
Finalmente, se reconoció la incansable labor técnica y humanitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y las agrupaciones civiles que han caminado junto a los padres y madres de familia en su exigencia histórica de verdad y justicia.
