Altas exigencias fiscales frenan el apetito de las petroleras privadas por el fracking mexicano

El mercado energético mexicano enfrenta un obstáculo significativo para el desarrollo de sus yacimientos de hidrocarburos no convencionales. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), la estructura fiscal y las cargas económicas que el Estado impone a la iniciativa privada desincentivan fuertemente la exploración y extracción de recursos mediante la fracturación hidráulica.

A pesar del genuino atractivo que representan estos yacimientos para el sector corporativo, las condiciones monetarias vigentes en el país se alejan considerablemente de los estándares competitivos de la región latinoamericana. Así lo advirtió Merlin Cochran, director general del organismo gremial, durante su intervención en un foro enfocado en infraestructura celebrado en la capital del país.

La carga fiscal frente al promedio continental

Para dimensionar el tamaño del desafío, la Amexhi llevó a cabo un análisis comparativo que abarcó desde Canadá hasta la Patagonia argentina. Dicho estudio evaluó el indicador conocido como government take, el cual mide la porción total de los beneficios económicos que perciben las naciones anfitrionas por la actividad petrolera.

Los resultados de este ejercicio demostraron que el promedio continental oscila entre el 60% y el 65% de participación estatal. No obstante, en los contratos mixtos impulsados bajo la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las exigencias gubernamentales se elevan drásticamente, situándose en un rango de entre el 85% y el 90% para los corporativos.

Ante este panorama, el directivo fue enfático al señalar que “el reto principal para los recursos no convencionales es un tema fiscal”, recalcando que “tenemos que buscar cómo estar en el promedio de los distintos países para poder atraer estas inversiones”.

Dependencia externa del gas natural y necesidad de capitales

La urgencia por debatir este marco regulatorio surge en un momento donde el territorio nacional mantiene una fuerte dependencia energética del exterior. Actualmente, la nación consume cerca de 9.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales el 75% se adquiere mediante importaciones por ductos procedentes de Estados Unidos, un suministro que en su mayoría proviene de yacimientos explotados con la técnica de fracturación.

Este combustible resulta vital para la economía nacional, ya que sostiene más del 60% de la generación total de energía eléctrica. Para revertir esta vulnerabilidad y cubrir la demanda interna mediante la producción local, se requerirían desembolsos monumentales estimados en US$108.000 millones destinados a 24 proyectos prioritarios en la zona norte del país, un esfuerzo financiero equivalente a 1,4 veces el capital movilizado tras la histórica reforma energética de 2013, cuyo plazo de maduración tomaría una década.

Asimismo, los análisis sectoriales estiman que los costos operativos iniciales para la perforación de pozos en el territorio nacional serán hasta 250% más caros, aunque los especialistas consideran este incremento como una fase completamente normal dentro de la curva de aprendizaje técnico.

Viabilidad técnica y restricciones ambientales

Con el objetivo de evaluar las alternativas para mitigar la escasez de energéticos, la administración federal convocó a un panel especializado de científicos. Las conclusiones de este grupo determinaron que la actividad es viable en las regiones septentrionales, bajo la estricta condicionante de utilizar exclusivamente agua salada en los procesos, una medida de protección ecológica que inevitablemente elevará los gastos operativos para las corporaciones.

En paralelo, la industria lidia con umbrales de rentabilidad sumamente ajustados. Los datos de la Reserva Federal de Dallas indican que los costos de equilibrio para los pozos nuevos de crudo y gas no convencional se mueven en una horquilla de US$61 a US$70 por barril. A esto se suma la naturaleza propia de estos activos terrestres, caracterizados por una rápida declinación en su producción, lo que obliga a mantener un ritmo constante de nuevas perforaciones.

Pese a la controversia histórica que rodea a este método de extracción —que consiste en inyectar una mezcla a alta presión de agua, arena y agentes químicos para liberar los hidrocarburos atrapados en la roca y que genera rechazo social por temores a la contaminación hídrica—, el comité gubernamental aseguró que los avances tecnológicos actuales ofrecen suficientes garantías para salvaguardar el medio ambiente y prevenir desastres ecológicos en las comunidades locales.