A un año del homicidio de Carlos Manzo, fiscalía revela venganza del CJNG y suma 34 aprehensiones

A cumplirse un año del atentado que cobró la vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, las autoridades ministeriales de Michoacán esclarecieron de manera oficial los motivos detrás del crimen. La Fiscalía General de Michoacán estableció de forma categórica que el homicidio perpetrado el 1 de noviembre del año pasado respondió a una represalia directa orchestrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivado de las tensiones y acciones institucionales emprendidas por el edil contra la estructura delictiva.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por Israel Vega, vicefiscal de la entidad, el atentado mortal estuvo vinculado estrictamente con la confrontación frontal que el presidente municipal sostuvo contra la organización criminal que operaba en la región bajo las órdenes de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’. Dicha pugna territorial y de seguridad escaló a partir del 27 de agosto del año anterior, fecha en la que se concretó la captura de René ‘N’, identificado públicamente como ‘El Rino’ y fungía como jefe de plaza en Uruapan.

Avances en las indagatorias y estatus judicial

Durante la presentación de los informes más recientes sobre el caso, las autoridades detallaron que la carpeta de investigación se encuentra a un 90 por ciento de avance. Para alcanzar este porcentaje, la dependencia ministerial ha desahogado un total de 3 mil 500 actos de investigación, además de procesar más de 1 mil 200 horas de videograbaciones provenientes de distintos puntos estratégicos.

Asimismo, el expediente cuenta con el respaldo de 120 audiencias celebradas y la integración de 3 mil peritajes especializados. Los representantes de la procuración de justicia enfatizaron que, tras un profundo análisis de los elementos probatorios recabados a lo largo de estos meses, se descartó de manera definitiva cualquier vínculo entre el homicidio y la actividad política de Carlos Manzo.

Pese al sólido avance en las pesquisas judiciales, persisten diversos puntos de fricción institucional. Uno de los temas que continúa generando debate es la solicitud de entrega de los dispositivos móviles pertenecientes a Grecia Quiroz, esposa del fallecido y actual alcaldesa, quien se ha opuesto a cumplir con dicha diligencia, una negativa que la coloca en riesgo de enfrentar sanciones legales severas. Paralelamente, Quiroz ha insistido públicamente en que la Fiscalía General de la República (FGR) sea la instancia encargada de atraer y conducir las indagatorias restantes.

Red de complicidades y detenciones prioritarias

Hasta el momento, las acciones operativas coordinadas han permitido cumplimentar un total de 34 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en distintos niveles de participación. Entre los arrestos más destacados figura el de Samuel ‘N’, quien se desempeñaba como exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, señalado por presuntamente filtrar los movimientos y la ubicación del alcalde a células del grupo delictivo.

Otro de los perfiles sujetos a proceso penal es Alejandro ‘N’, quien formaba parte del equipo de escoltas del presidente municipal. Este elemento fue imputado bajo la figura jurídica de comisión por omisión y posteriormente reubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Penal del Altiplano, en el Estado de México, debido a sus presuntos nexos con la organización criminal.

Dentro de la estructura administrativa local también se registraron aprehensiones relevantes, como la de Alejandra ‘N’, quien fungía como secretaria de Bienestar en Uruapan y madre de uno de los guardaespaldas del edil. Su captura se fundamentó en el presunto encubrimiento de redes de cercanía con el alcalde, entre las que sobresale el nombre de Alex ‘N’, ahijado de la víctima y de Grecia Quiroz, identificado por los apodos ministeriales.

En el plano directivo del grupo criminal, las autoridades lograron ubicar y detener a Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, señalado como el máximo responsable de la facción de ‘Los Rs’, estructura asociada al cártel de las cuatro letras y considerada la autora intelectual de la agresión mortal. De igual forma, las investigaciones apuntan a Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’, como el coordinador operativo encargado de trazar los pasos del atentado perpetrado durante el Festival de las Velas, por cuya ejecución el grupo criminal habría ofrecido una suma considerable de dinero.