El proyecto para frenar el costo habitacional
Recientemente, la administración capitalina envió al Congreso local una propuesta legislativa denominada “Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México”. El propósito central de esta normativa es frenar el encarecimiento de los alquileres y mitigar el desplazamiento de los residentes originario de los procesos de transformación urbana.
La propuesta normativa se estructura en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, estipula que los costos de arrendamiento únicamente podrán ajustarse una vez cada doce meses, con un tope máximo equivalente a la inflación registrada en el periodo previo, norma aplicable incluso cuando se renueve al arrendatario. Quedan excluidos de esta regla aquellos casos donde el propietario obtenga un permiso gubernamental tras comprobar que realizó mejoras significativas en el inmueble.
Nuevas obligaciones para los propietarios
En su segundo apartado, el proyecto limita los requisitos de garantía que los arrendadores pueden solicitar y prohíbe trasladar a los inquilinos el costo de las pólizas jurídicas. Como tercer punto, establece que los convenios de locación tendrán una duración mínima de un año y deberán formalizarse obligatoriamente en un registro digital gestionado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) dentro de plazos estipulados.
Para justificar la intervención oficial, el gobierno argumenta que el acceso a la morada es un derecho elemental, que existe un desequilibrio en la capacidad de negociación entre las partes, que la gentrificación desplaza a las comunidades y que los salarios no crecen al mismo ritmo que las rentas.
Controversia económica y riesgos de contracción
Especialistas en la materia señalan que estos fundamentos pasan por alto principios económicos básicos, tales como la escasez de recursos y el funcionamiento de la oferta y la demanda. Al limitar artificialmente los incrementos tarifarios, se corre el riesgo de desincentivar la actividad inmobiliaria. Los dueños de los inmuebles podrían optar por retirar sus propiedades del mercado de arrendamiento, destinarlas a otros fines o disminuir las acciones de mantenimiento, lo que provocaría una contracción general en la oferta de vivienda disponible.
Asimismo, la rentabilidad de futuros proyectos de construcción se vería afectada negativamente debido a las restricciones en los ingresos esperados y al incremento de las cargas administrativas. A esto se suma un frágil estado de derecho que dificulta la resolución de conflictos con inquilinos morosos, cuyos procesos legales suelen extenderse por varios años.
Impacto en la inversión y alternativas de desarrollo
La obligación de comprobar modificaciones estructurales ante la autoridad para justificar un ajuste tarifario y la necesidad de registrar los convenios en la plataforma de la ADIP representan, según analistas, trámites adicionales que incrementan los costos operativos y vulneran la privacidad, propiciando posibles actos de corrupción.
Por otro lado, la normativa califica de forma negativa los procesos de renovación urbana, desestimando los beneficios económicos que estos traen consigo, como el incremento de la actividad comercial, la llegada de nuevas inversiones y la mejora en la infraestructura local.
Expertos en urbanismo coinciden en que la vía para resolver la problemática habitacional no radica en limitar el crecimiento de las zonas de alta demanda, sino en ampliar las condiciones de prosperidad al resto de la metrópoli. Esto implica facilitar la construcción, agilizar los trámites burocráticos y asegurar servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía.


