Una denuncia que sacude a las instituciones
La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR), registrada el pasado 14 de julio, generó múltiples interrogantes desde el primer momento. Ahora, un nuevo frente legal abierto por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, vuelve a colocar al exfuncionario en el centro de la polémica tras detectarse un esquema de falsificación de documentos oficiales destinados a presionar económicamente a proveedores y empresarios del sector.
El alejamiento de Lara de la institución federal se había manejado con bajo perfil, atribuido formalmente a motivos de índole personal y sin ofrecer mayores detalles a la opinión pública. Sin embargo, las indagatorias recientes revelan que su nombre figuraba en un engranaje ilícito donde se utilizaban oficios apócrifos para simular investigaciones ministeriales inexistentes.
El modus operandi de la red de chantaje
De acuerdo con la querella presentada por la dependencia federal, el caso gira en torno a un escrito fechado el 4 de junio de 2026. En dicho documento se le atribuía al entonces servidor público una supuesta directriz girada a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes para abrir pesquisas en contra de determinados proveedores comerciales.
El texto contaba con una firma apócrifa de la secretaria Raquel Buenrostro, presentándose falsamente como un mandato directo del organismo anticorrupción. Mediante esta vía, personas ajenas a la institución contactaban a los corporativos afectados para infundir temor, asegurándoles que enfrentaban procesos legales graves de los cuales solo podrían librarse a cambio de fuertes sumas de dinero, bajo la promesa de que Ulises Lara intervendría personalmente para solucionar su situación jurídica.
Ante estos hechos, la Secretaría Anticorrupción desmintió categóricamente haber emitido tal instrucción y exigió a las instancias competentes una investigación a fondo para dar con los responsables de la falsificación y esclarecer quiénes lucraron con la imagen institucional.
Repercusiones en la fiscalía capitalina y federal
La sombra de la sospecha sobre el entorno de Lara también alcanza su trayectoria previa en la procuración de justicia de la Ciudad de México, donde colaboró estrechamente con Ernestina Godoy y estructuró una red de operadores que posteriormente lo acompañaron en su salto a la FGR.
Recientemente, la llegada de Bertha Alcalde a la cabeza de la fiscalía capitalina estuvo marcada por una profunda depuración interna orientada a desarticular los grupos de poder heredados por la anterior administración, en medio de señalamientos sobre redes de corrupción, abusos policiales y presuntos despojos inmobiliarios en alcaldías estratégicas.
A estas tensiones se suman diversas versiones periodísticas que apuntan hacia posibles vínculos de operadores políticos con esquemas de extorsión y tráfico de influencias en demarcaciones como Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa.
La formalización de la denuncia por parte de Raquel Buenrostro abre un capítulo crítico para determinar el grado de participación de actores externos o internos en esta estructura de extorsión, obligando a las autoridades a esclarecer el uso faccioso de nombramientos y documentos oficiales dentro del aparato de justicia.
