El reciente proyecto de ley presentado por Abelardo De la Espriella ante el poder legislativo con el propósito de sanear las cuentas públicas ha generado diversas reacciones en el sector financiero. Desde la perspectiva de Corficolombiana, la iniciativa resulta fundamental para encauzar la economía nacional, aunque su tránsito por el parlamento estará marcado por importantes complejidades que pondrán a prueba la capacidad de negociación del Ejecutivo.
Un diagnóstico favorable pero de compleja ejecución
El análisis elaborado por la entidad financiera califica la propuesta gubernamental al señalar que “el paquete es necesario y va en la dirección correcta.” De acuerdo con las proyecciones técnicas del documento, la implementación integral de esta estrategia “mejoraría el balance primario en 2,4% del PIB en 2027 y 4,7% en 2030”.
Asimismo, los expertos advierten que la inacción fiscal traería graves consecuencias, proyectando que la deuda neta llegaría al 82% del PIB en 2030. No obstante, el informe subraya que “los múltiples frentes que abre el proyecto dificultan su discusión”, anticipando un debate sumamente polarizado en las cámaras legislativas.
1. Restricciones de calendario y sobrecarga temática
El primero de los obstáculos señalados tiene que estar con los plazos disponibles para el estudio de la iniciativa. A pesar de haber sido radicada bajo la figura de urgencia, “el Congreso dispone de apenas seis semanas para discutirlo y aprobarlo”, fijando como fecha límite el próximo 16 de diciembre.
Ante este apretado cronograma, el centro de estudios económicos advierte: “No descartamos que el Gobierno convoque sesiones extraordinarias si el trámite se prolonga.” La acumulación de temáticas tan diversas en una sola normativa eleva significativamente el peligro de que se produzca “una discusión insuficiente, una aprobación parcial o un aplazamiento”.
2. Alta concentración del recaudo en áreas sensibles
El segundo punto crítico radica en que el éxito financiero del plan descansa sobre pilares que generan fuertes resistencias políticas y sociales. El estudio detalla que, para el año 2030, las nuevas cargas destinadas al sector salud y los gravámenes al consumo “concentrarían más de la mitad del ajuste esperado”.
Las cifras de la investigación demuestran la fragilidad de esta estructura: si los impuestos al consumo no reciben el visto bueno parlamentario, la consolidación prevista para el final de la década “caería de 4,73% a 2,99% del PIB”. En caso de que tampoco se aprueben los recursos adicionales para la salud, la cifra “se reduciría a apenas 2,15%, menos de la mitad”. Por esta razón, el documento concluye que “esta concentración aumenta la vulnerabilidad del paquete durante la negociación legislativa.”
3. Estímulos corporativos y el reto de su financiación
Un tercer desafío gira en torno a las disposiciones concebidas para dinamizar al sector privado. El texto recuerda que la iniciativa contempla disminuir el impuesto sobre la renta “del 35% al 31%”, un alivio que generaría un impacto fiscal tasado en “COP$4,1 billones en 2027 y COP$12 billones en 2028”.
Para Corficolombiana, estas rebajas impositivas y el régimen RUGE conllevan “costos fiscales inmediatos”, mientras que los efectos positivos sobre la inversión y la expansión económica “tardarían en materializarse”. En consecuencia, el informe advierte que validar estos incentivos sin fuentes de compensación firmes “debilitaría el ajuste y dificultaría la estabilización fiscal”, resumiendo la encrucijada con una advertencia directa: “si queremos facilitarles la vida a los empresarios, alguien tendrá que pagar esa cuenta.”
4. Complejidad operativa en la ampliación del impuesto al valor agregado
El cuarto reto se relaciona con las modificaciones en materia de tributación indirecta. Extender la base del IVA hacia productos que actualmente se encuentran exentos o beneficiados con la tarifa diferencial del 5% representa “uno de los puntos más sensibles” de toda la propuesta gubernamental.
El éxito de esta medida ciudadana “dependerá de que EfectIVA, el mecanismo de compensación”, logre implementarse de manera eficiente “entre en operación en enero de 2028” y consiga cobijar a las familias de menores ingresos, “incluso a quienes realizan compras sin factura electrónica”. Adicionalmente, se señalan como tareas inaplazables “la modernización de los instrumentos de la DIAN para combatir la evasión” y la revisión exhaustiva de los esquemas de subsidios tarifarios.
5. Vacíos de información y apartados por definir
El quinto y último obstáculo se compone de aquellas disposiciones que carecen de especificaciones técnicas concluyentes. Según el reporte económico, “más de la mitad del ahorro de gasto depende de recortes de nómina y facultades extraordinarias” orientadas a transformar la estructura del Estado.
De igual forma, se calcula que entre el 14% y el 17% del reajuste estimado para el periodo 2028-2030 “provendría de medidas todavía no detalladas”, las cuales se materializarían posteriormente mediante decretos o a través del Plan Nacional de Desarrollo previsto para inicios de 2027. Por ello, Corficolombiana reitera que “conocer su alcance será fundamental” para medir con precisión el impacto real de la política fiscal.
Perspectivas para el debate legislativo
Hacia el cierre de su análisis, la institución financiera destaca que será indispensable “abrir espacio a la negociación con el Congreso”, sugiriendo la incorporación de alternativas como modificaciones en los valores de los combustibles —un aspecto que consideran “sorprendentemente ausente del proyecto”—, la búsqueda de nuevos tributos o la aplicación de una mayor austeridad estatal. El documento recalca que, en medio de esta concertación política, lo verdaderamente innegociable debe ser “la ambición del ajuste”.
