Avanza el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027
El debate legislativo en torno al gasto público mexicano para el ejercicio fiscal del año próximo ha entrado en una fase decisiva. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avaló el dictamen correspondiente tras integrar modificaciones de última hora impulsadas por el bloque oficialista. Este proceso legislativo ocurre de cara a un periodo complejo, marcado por la realización de comicios locales y federales intermedios que implicarán la renovación de la propia integración de San Lázaro.
A pesar de que el monto global proyectado para el gasto federal se mantuvo intacto en 10.6 billones de pesos, las modificaciones aplicadas al organismo encargado de organizar los comicios representan un ajuste acumulado considerable. Con este nuevo movimiento financiero, el instituto electoral acumula una reducción de 6 mil millones de pesos respecto a la solicitud inicial que entregó el pasado mes de septiembre, pasando de los 42 mil 274 millones originalmente planteados a un total de 36 mil 912 millones de pesos.
El debate y las votaciones en comisiones
Durante la sesión de trabajo, el documento oficial recibió el respaldo necesario para avanzar hacia el pleno. La votación en lo particular culminó con 30 votos a favor emitidos por las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). En contraste, los grupos parlamentarios de oposición integrados por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo, aunque este último instituto político dio su aval en lo general.
Tras este trámite en comisiones, el proyecto se turnó directamente al pleno de los 500 legisladores para iniciar su discusión formal y someterlo a votación definitiva este mismo lunes, en un escenario donde se anticipan posicionamientos encontrados por parte de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Las cuatro reservas y los ajustes al gasto electoral
El núcleo de la controversia se centró en la presentación de cuatro reservas promovidas de manera conjunta por legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, las cuales fueron incorporadas de inmediato gracias a la mayoría parlamentaria. Estos movimientos implicaron un desvío directo de recursos sustraídos al instituto electoral hacia distintos rubros de la administración pública.
La primera modificación fue propuesta por el diputado petista Jorge Ortiz, quien planteó restar 618 millones de pesos al presupuesto del órgano electoral con el objetivo de fortalecer a la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente en el programa de Expansión de Educación Inicial. Con esta inyección de capital, dicho programa pasó de recibir 866 millones a mil 484 millones de pesos.
Esta asignación generó fuertes críticas por parte de la oposición. La diputada panista Noemí Luna denunció públicamente que los recursos solicitados por el PT tendrían como destino final los Centros de Infantil que administra esa misma fuerza política. En la misma línea, su compañero de bancada Saúl Téllez criticó duramente la medida al señalar que esos Cendis “son la caja chica que usa el PT y su dirigente, Alberto Anaya, para enriquecerse los bolsillos; es la caja chica corrupta y electoral del PT”.
Nuevas reasignaciones presupuestales
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y legisladora de Morena, Merilyn Gómez, presentó tres reservas adicionales que profundizaron el recorte al instituto electoral. La primera de ellas contempló una disminución de 361 millones de pesos al INE para canalizarlos hacia el Ramo 54 enfocado en asuntos de Mujeres, cuyo techo financiero se elevó de 2 mil 269 millones a 2 mil 631 millones de pesos.
En su tercera intervención, la misma representante popular promovió un ajuste adicional de 20 millones de pesos, los cuales fueron transferidos al sector turístico, permitiendo que su asignación pasara de mil 851 a mil 871 millones de pesos. Finalmente, la cuarta reserva atendió una solicitud formal del Poder Judicial para transparentar la desagregación de sus recursos. De esta manera, se estipuló que de los 72 mil 264 millones de pesos asignados a este poder, 61 mil 636 millones se destinarán al Órgano de Administración Judicial, 5 mil 628 millones a la Suprema Corte, 3 mil 778 millones al Tribunal Electoral y mil 220 millones al Tribunal de Disciplina Judicial.
