El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella se encuentra en el centro de una tormenta política y social a raíz de su propuesta de Ley de Rescate Económico. Aunque la administración defiende la iniciativa como un remedio indispensable para sanear las cuentas estatales, diversos sectores advierten sobre el impacto directo que las nuevas cargas impositivas tendrán en el poder adquisitivo de los hogares colombianos.
Advertencias sobre el déficit fiscal y los riesgos de impago
Analistas económicos respaldan la necesidad de ejecutar correcciones urgentes para evitar un colapso en las finanzas de la nación. Según proyecciones del centro de pensamiento ANIF, omitir este proceso correctivo llevaría a que el déficit fiscal trepe hasta el 9,4% del PIB en 2027, marcando el registro más negativo en más de tres décadas. En la misma línea, José Manuel Restrepo, vicepresidente del país, alertó que ignorar la reestructuración presupuestaria podría conducir a Colombia hacia una situación de default financiero en 2027.
El paquete de medidas contempla un efecto positivo estimado en el 4,09% del PIB sobre el balance primario hacia el año 2030, cifra que ascendería al 4,73% al contemplar otras acciones complementarias. Sin embargo, la magnitud del reajuste ha encendido un intenso debate sobre quiénes soportarán el peso de la recaudación.
El impacto en la canasta familiar y los productos básicos
Uno de los puntos más álgidos del proyecto es la modificación en la estructura del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La propuesta busca trasladar múltiples bienes que actualmente tributan al 5% hacia la tarifa general del 19%. Entre los productos afectados destacan alimentos de consumo cotidiano como el café tostado, el azúcar, el chocolate y las pastas, además de frutas y verduras frescas.
Gremios y agremiaciones han mostrado su preocupación. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, solicitó revisar la medida al señalar que “proteger el consumo de café colombiano también es proteger nuestra economía”. Por su parte, congresistas de distintas bancadas, incluyendo representantes de partidos que respaldaron al Ejecutivo, han manifestado su oposición rotunda a grabar con IVA los insumos del campo y los alimentos de la canasta básica.
Para mitigar el golpe en los sectores más vulnerables, el Ejecutivo plantea la creación del mecanismo EfectIVA a partir del 1 de enero de 2028, el cual prevé devoluciones que oscilan entre el 30% y el 100% para los grupos poblacionales de menores ingresos, cubriendo a más de 35 millones de personas.
Resistencia legislativa y convocatoria a movilizaciones
El malestar no se limita a la oposición tradicional. Congresistas de colectividades aliadas han fijado distancia frente al componente impositivo, exigiendo que se priorice la reducción del tamaño del Estado en lugar de incrementar los gravámenes a la clase media. No obstante, el bloque opositor del Pacto Histórico ha intensificado su ofensiva política, criticando que la reforma reduzca la tarifa de renta empresarial del 35% al 31% al tiempo que grava los alimentos.
La tensión ha trascendido el recinto del Congreso y se ha trasladado a las calles. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ratificó la convocatoria a un paro nacional fijado para el 19 de noviembre, argumentando que las medidas amenazan la estabilidad laboral y social de los ciudadanos. Voceros sindicales compararon el clima actual con las masivas protestas registradas en el año 2021.
Vamos al paro nacional el 19 de noviembre contra el gobierno de Abelardo y su reforma tributaria que impone impuestos a la comida del 19%, incrementa los impuestos a la rentas de trabajo en un 9% pero reduce la renta del capital del 35% al 31% y a las inversiones al 20%, elimina… pic.twitter.com/LdnR3BPsbT
— Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) October 30, 2026
Las consecuencias de no actuar
Desde el flanco gubernamental se insiste en que las medidas son ineludibles para mantener la confianza de los mercados internacionales. De acuerdo con los cálculos de ANIF, la falta de una intervención contundente elevaría las necesidades de financiación por encima de los COP$200 billones, situando la deuda pública por encima del 70% del PIB a partir de 2028 e impulsando las tasas de interés de los títulos estatales por encima del 15%.
Mientras el Ejecutivo evalúa posibles modificaciones en su trámite legislativo para apaciguar el descontento, el pulso entre la responsabilidad fiscal y la presión social continúa definiendo el futuro político inmediato del país.
