Revelan detalles de la captura de Inés Gómez Mont en territorio estadounidense por asuntos migratorios
La reciente aprehensión de la conocida conductora de televisión Inés Gómez Mont en el estado de Florida no se originó por una solicitud formal de extradición emitida por la justicia mexicana. De acuerdo con la información disponible, la situación de la presentadora, vinculada con una supuesta red de corrupción encabezada por su cónyuge, Víctor Manuel Álvarez Puga, obedeció estrictamente a una falta de carácter administrativo y migratorio.
Hacia finales del mes de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que la Interpol había tomado la decisión de retirar la ficha roja contra Gómez Mont y Álvarez Puga, quienes enfrentan acusaciones previas por el presunto delito de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Bajo este escenario, el arresto de la exconductora de televisión ejecutado en Florida se debió específicamente al vencimiento de su visa legal en el país del norte. Agentes pertenecientes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) procedieron a su arresto con el propósito exclusivo de esclarecer su situación legal migratoria en esa nación.
¿Inés Gómez Mont podría ser expulsada a México?
Hasta el momento resulta prematuro pronosticar el desenlace jurídico que enfrentará Inés Gómez Mont tras este suceso. Por un lado, las autoridades mexicanas tienen la alternativa de activar los mecanismos diplomáticos y legales pertinentes para gestionar su entrega formal. Por el otro, existe la posibilidad de que deba responder primero ante los tribunales locales de Estados Unidos y, de manera similar a lo ocurrido con su pareja sentimental, obtenga su libertad condicional mediante el pago de una fianza.
Cabe recordar que, un año antes, en octubre de 2025, diversos reportes periodísticos informaron sobre la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en territorio estadounidense. Aunque la administración federal mexicana nunca oficializó dicha captura, trascendió que posteriormente recuperó su libertad y actualmente residiría en su domicilio particular en aquel país.
Bajo este panorama, especialistas consideran que Inés Gómez Mont podría replicar el mismo escenario legal de su esposo, logrando permanecer en Estados Unidos sin ser repatriada de inmediato a territorio mexicano para comparecer ante los jueces que la reclaman.
México reclama retiro de ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
Durante la jornada del viernes 30 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió comunicados informando sobre el aseguramiento de Inés Gómez Mont, omitiendo la existencia de un mandato de extradición en activo que respaldara dicha acción en lo inmediato.
Paralelamente, el 30 de septiembre, la mandataria federal Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad luego de conocer que la Organización Internacional de Policía Criminal había suprimido la alerta roja internacional en contra del matrimonio investigado.
La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz
— FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026
Ante esta circunstancia, la titular del Ejecutivo federal adelantó que solicitaría una explicación formal a los organismos internacionales y buscaría las vías necesarias para lograr la reactivación de la orden internacional.
“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga (…) vamos a solicitar que se recupere la ficha roja porque si van a otro país, pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión”, subrayó.
Es importante señalar que la pareja lleva ya un lustro en calidad de prófuga de la justicia mexicana debido a las investigaciones en su contra. En periodos anteriores, dependencias del gobierno federal señalaron que las instancias judiciales estadounidenses habían frenado o solicitado mayores elementos probatorios ante las peticiones mexicanas de extradición.
