Imposición de IVA a la tecnología de menor valor
El Gobierno nacional ha radicado formalmente en el Congreso de la República el denominado Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, conocido popularmente como la Ley de Rescate Económico. Esta ambiciosa iniciativa fiscal busca estabilizar las finanzas públicas mediante una profunda reorganización de los gravámenes nacionales. Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la modificación del artículo 424 del Estatuto Tributario, lo que implicaría la pérdida de los beneficios actuales para aparatos tecnológicos de consumo masivo.
De aprobarse el articulado en su forma actual, dispositivos tan cotidianos como los teléfonos celulares, los computadores y las tabletas dejarán la lista de bienes excluidos. Específicamente, todos aquellos equipos cuyo valor comercial sea inferior a COP$2.615.000 pasarán a tributar con la tarifa general del 19%. Esto representa un giro radical en la política de acceso a las TIC, encareciendo la adquisición de herramientas digitales que hoy son fundamentales para la educación y el trabajo.
Asimismo, la iniciativa contempla que otros productos alimenticios y bienes básicos que hoy disfrutan de tratamientos especiales o tarifas diferenciales del 5% —tales como el café, los aceites, el azúcar, las pastas y la avena— también se equiparen a la tarifa general. En la misma línea, los vehículos híbridos y eléctricos perderán su tarifa preferencial y las importaciones de bajo valor menores a US$200 provenientes de plataformas internacionales verán eliminada su exención del impuesto.
Aumento progresivo en las cotizaciones a salud
El paquete de reformas también impacta directamente los ingresos de la clase trabajadora mediante un incremento en los aportes obligatorios al régimen contributivo de salud. Aunque los empleados dependientes con ingresos bajos mantendrán su tarifa habitual, aquellos que superen ciertos umbrales salariales asumirán una carga mayor.
Para los trabajadores dependientes que devenguen más de dos y hasta cuatro salarios mínimos, la cotización pasará del 4% tradicional al 5,5%. La estructura diseñada por el Ejecutivo es de carácter progresivo, elevando el porcentaje conforme aumentan los ingresos mensuales de los ciudadanos. Por ejemplo, una persona que perciba un sueldo de COP$5 millones experimentará un incremento en su deducción mensual para salud, pasando de COP$200.000 a COP$275.000, lo que equivale a COP$75.000 adicionales cada mes.
El esquema de incrementos escalonados también cobija a los trabajadores independientes, cuyas tarifas se ajustarán al alza a partir del primero de enero de 2027. Estas medidas pretenden inyectar recursos frescos al sistema sanitario, aunque desde ya generan resistencia en diversos sectores gremiales y sindicales debido al apretado contexto inflacionario que atraviesa el país.
Modificación del umbral para el pago del impuesto de renta
Otro de los pilares fundamentales del proyecto de ley es la reestructuración de la tabla del impuesto sobre la renta para personas naturales. Actualmente, los asalariados comienzan a realizar un pago efectivo de este tributo cuando sus ingresos superan aproximadamente los COP$9 millones mensuales. Con las modificaciones planteadas, dicho umbral se reduciría drásticamente hasta situarse cerca de los COP$5.5 millones mensuales.
Para lograr este cometido, el Ministerio de Hacienda propone achicar el rango de la renta líquida gravable con una tarifa marginal del 0%, reduciéndolo de 1.090 a 720 UVT (Unidades de Valor Tributario). Adicionalmente, se introducirá un nuevo tramo fiscal con una tarifa marginal del 9% aplicable a las rentas líquidas situadas entre las 720 y las 1.090 UVT anuales. No obstante, las autoridades económicas han aclarado que este gravamen no se aplicará sobre la totalidad de los ingresos brutos, sino únicamente sobre el excedente una vez aplicadas las deducciones y rentas exentas legales.
Para mitigar el impacto social de estas medidas recaudatorias, el Gobierno ha previsto la creación del programa de devolución de impuestos denominado EfectIVA. Este mecanismo auxiliará teóricamente a millones de hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, otorgando reintegros parciales o totales del IVA pagado según la clasificación socioeconómica de los ciudadanos. El proyecto continuará su trámite legislativo en el Congreso, donde se anticipan intensos debates y posibles modificaciones antes de su eventual aprobación.
