El vertiginoso auge del comercio electrónico transfronterizo, impulsado por gigantes minoristas como Shein, Temu y Amazon, ha puesto de relieve la compleja balanza entre la simplificación de los trámites comerciales y la urgencia recaudatoria del gobierno federal. En este dinámico ecosistema, el sector logístico y de mensajería enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de sus operaciones cotidianas en el territorio nacional.
El factor AIFA y la concentración logística
Las tensiones en el sector aduanero se intensificaron notablemente a raíz del decreto gubernamental que obligó a trasladar las operaciones de carga aérea hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Desde entonces, diversas voces del sector han denunciado un escenario de presuntas irregularidades y ventajas indebidas en el manejo de mercancías.
En el centro de estos señalamientos figura el empresario Michel de la Paz, un actor con amplia trayectoria en el sector courier y director de firmas como Himex Cross Border e Intelytrade, además de su pasado vinculado a Grupo Codex Agencia Aduanal entre 2017 y 2022. Las sospechas sobre sus empresas actuales radican en un presunto trato preferencial otorgado a ENTELY Commerce GNC, entidad que buscaría obtener con rapidez registros ante la Ley Aduanera para el manejo masivo de paquetes de bajo valor.
Señalamientos contra la Agencia Nacional de Aduanas
De acuerdo con reportes e informes internos, el empresario habría recibido un auxilio anticipado por parte de las funcionarias públicas Paulina Ortega y Rosa María Avella, pertenecientes al área jurídica de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Dicha intervención presuntamente ocurrió antes de que el expediente fuera evaluado formalmente por el Consejo Aduanero, permitiéndole colocarse por delante de otros competidores que acumulan meses en espera de autorizaciones o prórrogas.
El historial del empresario incluye antecedentes relevantes, como los tres procedimientos administrativos iniciados en 2012 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra la empresa Intertraffic, la cual era dirigida en aquel entonces por el propio De la Paz. Críticas similares han recaído sobre otras marcas asociadas como Grupo ampm, Carlogic Express y Comextaa, donde expertos apuntan hacia posibles prácticas de tráfico de influencias, subvaluación de mercancías y evasión fiscal.
Operaciones masivas y distanciamiento gremial
Actualmente, Himex Agencia Aduanal es señalada por gestionar un volumen estimado en 500 mil paquetes diarios, un flujo que presuntamente se concentra en el AIFA gracias a alianzas estratégicas con actores clave de la transportación como Luis Felipe Rivas, de Terminal Logistics, y Luis Ramos, de Aerocharter. Este entramado engloba privilegios logísticos desde las maniobras en pista hasta el despacho aduanal final, generando malestar entre los competidores del sector.
Asimismo, existen reportes sobre créditos fiscales no atendidos por sumas elevadas que supuestamente no han logrado ser recuperados por el fisco mexicano, en los cuales se indaga la participación de De la Paz sin que hasta el momento se registren consecuencias legales definitivas. Ante este panorama, la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier (ANMEC) ha tomado distancia pública al desconocer públicamente a Michel de la Paz como representante del organismo empresarial.
El mercado paralelo de autorizaciones financieras
En paralelo a las controversias aduaneras, el foco regulatorio también apunta hacia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), específicamente en torno a la actuación de Francisco Javier Vega Rodríguez, vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros «A». A este funcionario, conocido internamente como El Maestro, se le atribuye la elaboración de dictámenes fundamentales para cambios de control y licencias bancarias.
Información recabada señala que Vega, en complicidad con el consultor cubano César Sánchez, ofrecería a grupos interesados una presunta gestión exprés ante la comisión a cambio de sumas millonarias. Entre los casos recientes figura el del empresario Oleg Boyko, fundador de Finstar Financial Group y propietario de Novacard, a quien se le habrían facilitado reuniones en hoteles de lujo para gestionar una licencia bancaria a pesar de los cuestionamientos que arrastra su producto financiero.
La falta de transparencia en la venta de activos financieros complejos, como el caso de la casa de bolsa de Credit Suisse, cerrada desde febrero de 2023, también ha sido vinculada con la presunta red de influencias de Vega, quien supuestamente ofrecería autorizaciones al margen de los estrictos requisitos de idoneidad que exige el sistema.
Credibilidad institucional en juego
Las reiteradas denuncias sobre presuntos privilegios discrecionales, tanto en el ámbito de las aduanas como en la supervisión del sistema bancario nacional, colocan bajo severo cuestionamiento la solidez y la imparcialidad de las instituciones del Estado mexicano. La opacidad en los procesos de autorización y la cercanía entre reguladores y regulados amenazan con erosionar la confianza pública en los pilares económicos del país.
