Cancillería extiende contrato con Thomas Greg & Sons para la emisión de pasaportes hasta 2027
El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó un convenio con la firma Thomas Greg & Sons de Colombia para asegurar la continuidad en la fabricación de pasaportes y visados, tanto a nivel nacional como en las distintas oficinas consulares alrededor del mundo, evitando así cualquier posible interrupción en este servicio público.
Para amparar esta decisión administrativa, la entidad expidió la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, mediante la cual se decretó la urgencia manifiesta. Esta medida responde de manera directa al mandato emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual ordenó la suspensión provisional de los pliegos relacionados con el modelo alternativo de expedición.
El marco normativo nacional, específicamente los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, faculta a las entidades públicas a utilizar este mecanismo ante contingencias imprevistas, quedando el proceso sujeto al control posterior por parte de la Contraloría General de la República.
Detalles de la contratación y los costos vigentes
Tras evaluar las opciones disponibles, la cartera ministerial solicitó una cotización formal a Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., compañía que operó el servicio hasta el pasado 31 de julio de 2026 y que dispone de la infraestructura instalada, el personal técnico especializado y la red de proveedores necesaria. Dicha propuesta se estructuró en conjunto con Thales DIS Colombia S.A., operando bajo la figura de la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, con un presupuesto máximo estimado en COP$240.352 millones.
Respecto a los costos que deben asumir los ciudadanos, las tarifas oficiales se mantienen estables para el año en curso. En la ciudad de Bogotá, el documento de tipo ordinario tiene un valor de COP$195.600, cifra que integra una tarifa base de COP$116.600 y el respectivo impuesto de timbre por COP$79.000.
Por su parte, la libreta con características ejecutivas se ubica en COP$335.400, mientras que la modalidad de emergencia se adquiere por COP$201.700. En las oficinas ubicadas fuera de la capital, los precios base para las versiones ordinaria y ejecutiva se conservan, debiendo adicionar los gravámenes de carácter departamental que correspondan a cada región.
Fundamentos técnicos que respaldan la prórroga
Las autoridades gubernamentales justificaron la contratación directa fundamentándose en tres aspectos técnicos determinantes:
- Plazos de ejecución: Las proyecciones indican que el stock actual de libretas se agotará en noviembre de 2026. Habilitar a un proveedor inédito requeriría meses para certificar su planta y registrar los patrones ante la OACI, mientras que el actual adjudicatario puede reactivar sus funciones en un lapso no mayor a 20 días hábiles.
- Seguridad en fronteras: Actualmente circulan dos diseños oficiales y vigentes del documento migratorio. Implementar una tercera variante temporal habría generado confusiones operativas en los puestos de control internacional al tener que validar tres formatos distintos de un mismo país.
- Estabilidad financiera: La propuesta económica aceptada respeta los valores unitarios previamente pactados, sin incorporar incrementos asociados a la inflación ni a las fluctuaciones cambiarias, garantizando que el precio final para el ciudadano no sufra alteraciones.
El acuerdo contractual permanecerá vigente hasta el año 2027 o hasta el momento en que el órgano judicial levante la medida cautelar vigente, o bien cuando concluya el nuevo proceso licitatorio ordinario que la administración ya programó para tal fin.
