Ajusticia pobladores a sospechoso de doble feminicidio en Chiapas tras confirmar móvil por venganza

Investigan móvil de agresión en Ostuacán

Las autoridades ministeriales de Chiapas revelaron nuevos detalles sobre el crimen que estremeció a la comunidad de Ostuacán el pasado 19 de octubre, donde una menor de edad y su abuela perdieron la vida de forma violenta. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Jorge Luis Llaven, dio a conocer los avances de las pesquisas a través de un mensaje difundido en plataformas digitales.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el doble feminicidio de Míriam Cruz Alpuche y su nieta de 12 años tuvo como móvil principal una venganza personal perpetrada por presuntos implicados identificados como Armando “N”, apodado «El Melo», y Andrés “N”, conocido como «El Cera». Tras consumar el ataque en el domicilio de las víctimas, los sujetos huyeron del sitio, lo que desató un operativo de búsqueda por parte de las corporaciones de seguridad.

Incursión ciudadana y muerte en la alcaldía

Tras la captura de los presuntos responsables, los elementos de seguridad los ingresaron de manera provisional a las celdas ubicadas en la presidencia municipal mientras se definía su situación jurídica y se integraba la carpeta de investigación correspondiente.

Sin embargo, la tensión social escaló rápidamente cuando un grupo de pobladores de Ostuacán incursionó de manera violenta en la alcaldía y los sustrajo, según confirmó el propio fiscal del estado durante su declaración oficial.

Durante los actos de justicia por propia mano, Andrés “N” perdió la vida a manos de la turba inconforme, mientras que Armando “N” logró ser rescatado con vida por las fuerzas de seguridad antes de sufrir el mismo destino.

Acciones legales y contexto de violencia de género

A raíz del homicidio del detenido durante el linchamiento, la dependencia estatal abrió una carpeta de investigación independiente para esclarecer los hechos, al tiempo que fuerzas federales y estatales desplegaron operativos para restablecer la gobernabilidad y el orden público en la demarcación.

Asimismo, las autoridades anunciaron que se fortalecerá la indagatoria sobre el doble homicidio de las mujeres con el propósito de llevar el caso ante los tribunales y solicitar la pena máxima de 100 años para que el sobreviviente enfrente todo el peso de la ley.

Esta problemática de violencia extrema se da en un contexto complejo para la entidad. Las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en los primeros nueve meses de 2026 la entidad acumula un total de 30 casos documentados de feminicidio, reflejando la persistencia de agresiones letales contra mujeres en la región sur del país.

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