El Servicio de Administración Tributaria implementa nuevas herramientas tecnológicas dentro de sus estrategias de fiscalización. Derivado de las modificaciones planteadas en el marco legal tributario, los funcionarios del organismo están autorizados para capturar imágenes, videos y audios durante las inspecciones presenciales cuando existan indicios de operaciones simuladas o emisión de comprobantes apócrifos.
Inspecciones en campo con registro multimedia
Esta disposición forma parte de las actualizaciones al Código Fiscal de la Federación. De acuerdo con Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT, la finalidad primordial consiste en obtener pruebas directas para corroborar si una dirección fiscal corresponde a una empresa fantasma. “Muchas de estas compañías están registradas en lotes baldíos o inmuebles abandonados. El video nos va a dar mucha certeza”, explicó el funcionario.
Durante las diligencias, que pueden llevarse a cabo en oficinas, bodegas o locales comerciales, el personal verificador tiene la facultad de activar mecanismos de grabación desde el momento de su llegada al sitio. Los inspectores deben notificar al ciudadano presente que la visita se encuentra bajo registro digital, material que posteriormente se integra de manera oficial en las actas correspondientes para sustentar posibles irregularidades legales.
Restricciones operativas y sanciones severas
Aunado a la recolección de evidencia visual, la normativa contempla la suspensión temporal del certificado de sello digital, un requisito indispensable para la facturación electrónica. En caso de que un contribuyente reciba un comprobante fiscal irregular y omita corregir su situación en un plazo de 30 días, su permiso para emitir facturas y cobrar a sus clientes quedará inhabilitado.
Especialistas en materia legal y financiera han manifestado inquietudes ante estas medidas. Gil Zenteno, representante de una firma legal especializada, indicó que estas disposiciones incrementan el rigor fiscal. Por su parte, analistas del sector empresarial advierten que la inhabilitación de sellos puede paralizar la actividad económica de los negocios debido a complicaciones administrativas menores. Asimismo, se advierte que si un solo documento digital se cataloga como falso, el resto de las transacciones del contribuyente podrían ser invalidadas, derivando en querellas o penas de prisión de dos a nueve años.
El reto de comprobar la legalidad de las operaciones
Para los contribuyentes, demostrar la veracidad de sus transacciones comerciales representa un desafío complejo. Expertos en contaduría pública señalan que no todos los sectores económicos disponen de los mecanismos necesarios para reunir la evidencia suficiente que avale la materialidad de sus operaciones. Analistas en derecho fiscal apuntan que estos procedimientos parten de una presunción inicial de ilegalidad, lo que coloca a los contribuyentes en una posición de desventaja durante las revisiones exprés.
Mayor supervisión en plataformas tecnológicas
Las acciones de fiscalización también se extiendan al entorno digital. El organismo tributario cuenta con facultades para supervisar en tiempo real la información fiscal de plataformas digitales como aplicaciones de streaming, transporte y servicios en línea, con el propósito de verificar el cumplimiento del impuesto al valor agregado.
Esta disposición abarca a una amplia gama de servicios definidos por la legislación fiscal. Aunque las autoridades han sostenido que no se vulnerará la privacidad de la información personal de los consumidores, diversas organizaciones civiles han manifestado reservas sobre el alcance de estas medidas de control. Paralelamente, el organismo fiscal tiene proyectadas más de 16,000 auditorías dirigidas a perfiles con alto riesgo de evasión fiscal, buscando equilibrar el incremento recaudatorio con la certidumbre jurídica de los contribuyentes.
