La incertidumbre se ha apoderado de miles de trabajadores tras la implementación de modificaciones sustanciales en la denominada modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este esquema permitía a los aportantes que iniciaron su vida laboral antes de julio de 1997 alcanzar percepciones de retiro más elevadas amparándose bajo el régimen de la Ley del 73, utilizando como base el promedio salarial de sus últimas 250 semanas de cotización.
Estadísticas recientes revelan que el interés por este mecanismo creció exponencialmente, registrando 275 mil cotizantes activos hacia el cierre de 2024, de los cuales cerca de 90 mil altas correspondieron exclusivamente a ese ciclo anual. La estrategia común consistía en realizar aportaciones durante un quinquenio utilizando un parámetro máximo de 25 Unidades de Medida y Actualización, cifra que rondaba los 88 mil pesos mensuales.
Hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación y restricciones oficiales
El esquema tradicional permitía que personas con percepciones modestas se inscribieran en etapas avanzadas de su vida laboral —con un promedio de 58 años de edad— para elevar drásticamente el cálculo de su retiro. Sin embargo, una revisión exhaustiva realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso anomalías operativas significativas dentro del sistema.
Según análisis especializados, “dos de cada tres inscritos eligieron salarios de entre 20 y 25 UMA; el salario más frecuente fue el tope máximo y, en promedio, la gente se registró con un salario cinco veces superior al último que tuvo con un patrón”, de acuerdo con observaciones difundidas por el columnista Enrique Quintana.
Como respuesta a estas distorsiones financieras, el decreto oficial promulgado en el Diario Oficial de la Federación estableció un viraje radical. A partir de ahora, las nuevas afiliaciones y reincorporaciones quedarán limitadas al último sueldo registrado antes de causar baja, incrementado únicamente por una UMA, equivalente a unos 117 pesos diarios. Asimismo, se determinó que la retroactividad queda anulada y los trámites migrarán de forma obligatoria al formato digital, aunque quienes ya están dentro conservan sus condiciones.
Impacto económico para los futuros solicitantes y debate legal
Los analistas advierten que esta medida genera una profunda disparidad entre los veteranos del sistema y aquellos ciudadanos que planeaban incorporarse próximamente. Las proyecciones financieras indican un deterioro severo en las expectativas de ingreso para los nuevos aspirantes al beneficio.
“Según mis estimaciones con la fórmula de la Ley 73, quien ganaba 15 mil pesos y pensaba brincar al tope, ve reducida su pensión alcanzable en 79 por ciento, de unos 58 mil a unos 12 mil pesos, y el plazo para recuperar lo invertido pasa de año y medio a más de cinco años”, advierte el análisis financiero.
Frente a este escenario restrictivo, expertos en seguridad social han cuestionado la validez jurídica de la resolución emitida por el Consejo Técnico. Al respecto, el especialista Ricardo Martínez Rojas advirtió que los cambios del Consejo Técnico “están fuera del marco legal”. Tendrían que primero modificar la ley”.
Desde el punto de vista del director de la firma legal especializada, las directrices administrativas no deberían contravenir las disposiciones originales de la ley en materia de cesantía en edad avanzada y vejez, las cuales consideran expresamente el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas para el cálculo definitivo de los extrabajadores. Se anticipa que este diferendo derivará en una ola de litigios y recursos legales promovidos por los sectores inconformes.
