El papel del Poder Legislativo ante los nuevos lineamientos del IMSS
El debate en torno al futuro de las pensiones en México ha tomado un nuevo rumbo institucional. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, advirtió de manera categórica que cualquier ajuste de carácter legal o constitucional vinculado con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) requiere indispensablemente del aval del Congreso.
Las declaraciones del legislador surgen como reacción directa a los recientes anuncios emitidos por el organismo de seguridad social, los cuales buscan transformar la manera en que se regula el salario de cotización y los pagos con carácter retroactivo dentro de este esquema de continuidad voluntaria.
Durante una intervención pública, el político enfatizó que la legalidad de estas medidas descansa en la participación del Poder Legislativo. “En cualquier caso de modificación constitucional o legal tiene que haber necesariamente una modificación o legal o constitucional del Congreso. De lo contrario se estaría incumpliendo una norma”, señaló el representante parlamentario.
A pesar de que el grupo mayoritario en la Cámara Baja muestra disposición para respaldar las acciones institucionales que fortalezcan el sistema de retiro, Monreal fue enfático al subrayar que el proceso formal no puede soslayarse bajo ninguna circunstancia. “Aunque estemos de acuerdo, aunque vemos con simpatía la propuesta de la negociación, sí tiene que necesariamente pasar por el Congreso”, puntualizó el coordinador, abriendo la puerta a una posible actualización normativa formal.
🚨 REVIRA MONREAL: CUALQUIER CAMBIO LEGAL A LA MODALIDAD 40 DEBE PASAR POR EL CONGRESO
➡️ El legislador sostuvo que cualquier modificación legal o constitucional requiere la intervención del Congreso; de lo contrario, se incumpliría la norma.
📍Aunque dijo ver con simpatía la… pic.twitter.com/SsQ6NxDLb2
— Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 22, 2026
Modificaciones clave en el esquema de la Continuidad Voluntaria
Las reacciones en el ámbito político se desataron luego de que el Consejo Técnico del IMSS diera luz verde a una serie de medidas temporales orientadas a reordenar la Continuidad Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Este mecanismo permite históricamente a los trabajadores que finalizaron su relación laboral con un patrón continuar realizando aportaciones por cuenta propia para acumular más semanas y aspirar a un mejor retiro.
Entre los cambios más significativos publicados en el Diario Oficial de la Federación destacan restricciones importantes para los futuros solicitantes. Por un lado, se determinó limitar el salario para las nuevas incorporaciones, estableciendo que los interesados podrán cotizar únicamente con el último salario registrado al momento de causar baja, o bien añadir como máximo el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, el decreto determinó la eliminación de las nuevas altas con efectos retroactivos, lo que significa que las solicitudes comenzarán a surtir efecto exclusivamente a partir de la fecha de presentación, cerrando la posibilidad de cubrir periodos anteriores de manera extemporánea.
📢 La #Modalidad40 del IMSS se fortalece con reglas claras y mayor transparencia.
Se respetan los derechos adquiridos de quienes ya están inscritos y se establecen nuevas condiciones para futuras incorporaciones. ¡Infórmate y comparte! 💚 pic.twitter.com/db2vHw7Z2a
— IMSS (@Tu_IMSS) October 21, 2026
Digitalización de trámites y salvaguarda para derechohabientes actuales
Como parte de la modernización administrativa, el instituto dispuso que las nuevas gestiones de incorporación deban ejecutarse obligatoriamente a través de medios digitales, con la finalidad de optimizar la fiscalización y el seguimiento de cada expediente afiliatorio.
Por otro lado, la normativa introdujo un principio de certidumbre para quienes ya forman parte del sistema. Aquellas personas que se encontraban inscritas con anterioridad mantendrán intactas sus condiciones actuales hasta finalizar el periodo que contrataron, respetando íntegramente las semanas cotizadas y los montos ya liquidados.
Finalmente, el acuerdo contempla un periodo de seis meses de evaluación financiera para medir el impacto real de estas disposiciones. Con base en dichos resultados, se proyecta estructurar una propuesta definitiva que requerirá el análisis exhaustivo y la votación de los órganos legislativos correspondientes.
